La pandemia marcará el Plan de Fiscalizaciones 2021 del Consejo de Cuentas, que medirá sus efectos en CyL

   VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La pandemia marcará "totalmente" el Plan Anual de Fiscalizaciones 2021 del Consejo de Cuentas de Castila y León, aprobado este jueves en las Cortes con la abstención del PSOE y prevé la realización de análisis sobre el impacto que ha tenido la COVID-19 tanto en la administración autonómica como en las locales.

   Así lo ha señalado el presidente del Consejo, Mario Amilivia, quien ha comparecido en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el informe anual para el seguimiento de recomendaciones ejercicio 2019 y el Plan Anual de Fiscalización, que ha sometido a votación para su aprobación.

   En concreto, el Plan para el próximo año recoge 34 fiscalizaciones de carácter legal y especial, además del informe anual para el seguimiento de las recomendaciones, una programación que incluye además los trabajos de planes anteriores, 17 en la actualidad --con lo que alcanzará los 60 informes en tramitación--.

   Amiliva, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado que el plan anual está "totalmente marcado por la pandemia" y el objetivo fundamental que se persgigue es analizar los efectos de la pandemia en la Comunidad y en el ámbito local.

   Todo ello se hará mediante una serie de fiscalizaciones legales que están afectadas "inevitablemente" por la pandemia, directamente mediante fiscalizaciones especiales que van a analizar aspectos concretos de la pandemia en las cuentas públicas de Castilla y León o a través de otra serie de informes que son objeto de "transformaciones sociales inevitables por la pandemia como mundo digital", que considera que ha tenido un "salto cualitativo", con carácter general positivo "porque era inevitable y se ha precipitado".

   La solicitud recogida en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en la Comunidad al objeto de que el Consejo fiscalice la contratación realizada y las actuaciones de gestión llevadas a cabo por la Junta, sus organismos autónomos y entes dependientes durante la crisis sanitaria prioriza las actuaciones del plan de trabajo.

   Las consecuencias de la pandemia adquieren un carácter transversal en la programación. Por un lado, las fiscalizaciones de carácter legal permiten una visión amplia y homogénea de las grandes líneas de la gestión pública que, en su conjunto, en el ejercicio 2020 y siguientes quedarán afectadas por el impacto de la COVID-19.

   Igualmente, dentro de las fiscalizaciones especiales se contempla en el ámbito autonómico la fiscalización de los contratos que hayan traído causa en la pandemia, así como el análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a esta misma circunstancia. Se suma, además, el análisis en las cuentas de la administración autonómica de esta coyuntura económica.

IMPACTO EN TRIBUTOS

    En el ámbito local se verificará cuál ha sido el impacto sobre los tributos propios de las capitales de provincia, el destino que las entidades locales han dado a los fondos recibidos para contener las consecuencias del virus y se analizarán sus efectos en las cuentas del sector público local.

   A todo ello, el plan contiene trabajos sobre las transformaciones sociales generadas por la pandemia. Así, en el ámbito de la Comunidad se plantea una auditoría sobre la seguridad de los datos en materia educativa en el curso en el que la tele-formación ha llegado a los hogares de forma súbita.

   Se analizará también la sistemática para el cumplimiento de la publicidad activa, mientras que en el ámbito local se revisará la seguridad informática.

   Además se analizará en cada una de las diputaciones la eficacia y eficiencia de su gestión recaudatoria.

   En ambos casos, la extensión e interés de la materia han aconsejado desagregar informes planteados en anteriores planes para tratar de manera individualizada las entidades auditadas.

   El Consejo busca también valorar la prestación de los servicios a los ciudadanos por lo que se incluye el análisis del impacto en esa prestación de la Ley de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León.

   Por último, se completarán determinados ciclos de fiscalizaciones como el referido a las capitales de provincia con el Ayuntamiento de Segovia o el de las universidades públicas, con la de Burgos.

   El Plan presentado por el presidente del Consejo se ha aprobado con la abstención del PSOE y los votos a favor de PP Y Ciudadanos.

PLAN "COMPLETO"

   A este respecto, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión, Salvador Cruz, considera que es un plan "completo" porque tiene en cuenta la situación actual de pandemia pero no solo se centra en la solicitud que se hizo en el marco del Pacto de reconstrucción de analizar el cumplimiento de las ayudas, sino que "va más allá", algo que ha agradecido, al contemplar fiscalizaciones relacionadas con la COVID-19 no sólo en el ámbito autonómico sino también local.

   En una línea similar se ha expresado la portavoz de Cs, Blanca Delia Negrete, quien ha calificado de "ambicioso" el plan que, al estar marcado por la COVID, cree que supone un reto "nada fácil" para el Consejo.

   Sin embargo, el Grupo Socialista, a pesar de que reconoce que se "alegró" al ver que se incluían informes relacionados con la COVID como los socialistas habían solicitado ante la "inquietud" por comprobar el destino de estos fondos.

   Así lo ha señalado la procuradora socialista Rosa María Rubio, quien ha incidido en que el Gobierno de España dotó a las comunidades de 16.000 millones para afrontar las consecuencias de la COVID y ha cuestionado el uso que ha hecho de los mismos la Junta, que a finales de diciembre había registrado más de 1.000 millones de entrada en Tesorería y en noviembre registraba un superávit de 232 millones frente al déficit de más de 400 del año anterior.

   Por ello, ha señalado que le gustaría que hubieran sido más ambiciosos en el ámbito autonómico y se hubiera "ahondado" un poquito más para ver que los ingresos recibidos por la Junta se han destinado a los gastos para los que se han concebido, dadas las "serias reservas" que tienen cuando sus dirigentes "son los que parten y reparten el dinero" y se ven carencias como ayuntamientos que reciben 300 euros para desinfectar los colegios, "con los millones que han llegado".

   Por otro lado, la socialista ha vuelto a reclamar "por quinto año consecutivo" un informe de fiscalización del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), que partía de un presupuesto de 230 millones y "va a costar más de 2.000 millones".

RECOMENDACIONES

   Por otra parte, Amilivia ha presentado el informe de seguimiento de recomendaciones, que ya llevó a las Cortes en noviembre, y registra el mayor grado de cumplimiento alcanzado hasta ahora por los entes fiscalizados.

   Destaca el grado de cumplimiento de la Junta, que aumentó 29 puntos en el ejercicio de 2019 con respecto al anterior, pasando de un 31 al 60 por ciento. Así, obtiene una clara mejora respecto a los ejercicios anteriores: un 13 por ciento de cumplimiento total o parcial en 2013; un 20 en 2014; 22 por ciento en 2015; 22 por ciento en 2016; 32 en 2017 y 31 en 2018, hasta alcanzarse el 60 por ciento en 2019.

   Con relación a 2018, el informe revela que, en el conjunto de administraciones se ha mejorado en 8 puntos el grado de aceptación de las recomendaciones del Consejo, pasando del 61 al 69 por ciento, porcentaje en el que se tienen en cuenta tanto las que se considera que se han cumplido total o parcialmente como aquellas en las que solo se manifiesta su conformidad.

   En cuanto al cumplimiento, de acuerdo con las contestaciones de los entes fiscalizados, el Consejo considera que han sido aplicadas de forma íntegra o parcial 131 de las 232 analizadas, el 56 por ciento, el mejor porcentaje de la serie histórica.