Perjudicados del 'caso ataúdes' muestran su impotencia, indignación y dolor ante "una estafa en toda regla"

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Indignación, impotencia, mucho dolor tras enterarnos de lo que es una estafa en toda regla", es la frase pronunciada este miércoles por uno de los perjudicados por el 'caso ataúdes' al descubrir el 'cambiazo' de féretro sufrido por su padre en el momento de la cremación y cuyo lamento ha sido reproducido después por otros afectados durante la tercera jornada de testificales celebrada en la Audiencia de Valladolid.

El testigo, al igual que luego han relatado otros, ha asegurado que su familia se enteró por casualidad de que su padre era uno de los afectados cuando su hermana acudió al juzgado a realizar un trámite y entonces se enteró de que el progenitor de ambos figuraba incluido en un listado con los nombre de los fallecidos cuyos féretros habían sido sustituidos por otros de más baja calidad.

El afectado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado que al fallecimiento de su padre, Mariano del G.C, el 27 de marzo de 1997, fue la compañía Ocaso la que les derivó al tanatorio El Salvador, en el camino del Cementerio, porque sus padres "llevaban pagando el seguro toda la vida", aunque tuvieron la posibilidad de elegir el modelo de ataúd.

El funeral se celebró en la parroquia de San Pedro Apóstol de Valladolid y acto seguido el ataúd fue conducido hasta el cementerio de Santovenia, donde fue incinerado en un proceso al que no pudo asistir la familia debido a que los empleados, dos o tres "echaron las cortinas y fue imposible".

"La verdad es que sentimos indignación, rabia, impotencia y mi madre quedó hundida ante esta estafa en toda regla", ha recriminado Javier del C.M, al que el abogado principal de la defensa de la familia Morchón, propietaria del grupo funerario El Salvador que se sienta en el banquillo junto a otros empleados, ha llegado a preguntarle por qué las cenizas de su progenitor aún continúan, bajo custodia, desde 1997 en las instalaciones del tanatorio, pese a las muchos requerimientos de sus gestores para que la familia pase a recogerlas..

El interpelado, sin embargo, ha negado este extremo y ha asegurado que la urna con las cenizas de su padre fue retirada a los pocos días de la cremación y fueron arrojadas al monte.

A su relato se han sumado luego los de otros afectados bajo un mismo denominador común, como el caso de Victoriano R, quien también acudió a los servicios del grupo funerario investigado, sin posibilidad de elección porque todo ya venía fijado por la aseguradora contratada, para la incineración primero de un hermano y años después de su padre en el cementerio Parque El Salvador de Santovenia. Al igual que en el caso anterior, no tuvo opción de asistir al momento de la cremación.

Marta R, nieta de otro de los afectados fallecido en 1998, ni siquiera es capaz ya hoy de saber si su abuelo fue incinerado en Santovenia pero, sin embargo, lo que si recuerda con nitidez, "perfectamente, es que los empleados corrieron las cortinas" justo en el momento de que el féretro contratado entrara en el horno, sin que pudieran sospechas que iba a ser despojado del mismo para ser quemado en otro de peor categoría.

"PIENSAS QUE ESTÁS EN MANOS DE PROFESIONALES"

"Estamos muy disgustados porque piensas que estás en manos de profesionales y luego piensas cómo han manipulado el cadáver de tu familiar y cómo te han estafado. Me parece una vergüenza, una auténtica sinvergonzonería. El daño ya hecho no se puede pagar con nada", ha manifestado la perjudicada notablemente indignada.

Idéntica situación vivió también Sonia S. en el momento de dar el último adiós a sus padres y que, al igual que en los casos anteriores, fueron derivados sus cadáveres al cementerio de el Parque El Salvador, pero sin que la familia pudiera presenciar el duro momento de la entrada al horno de ambos fallecidos al correr las cortinas los empleados.

Tras enterarse por el juzgado de que figuraba en la lista de perjudicados, la afectada no ha dudado en el acto del juicio oral reclamar por el daño moral sufrido. "Recibimos lo ocurrido con gran sorpresa porque, inicialmente, nos pareció que todo funcionaba bien", ha apuntado la testigo.

"¡Por supuesto que tengo interés en este procedimiento", respondía luego a preguntas del fiscal otro de los afectados, Francisco de J, en referencia al caso de los servicios fúnebres contratados tras la muerte de sus progenitores, la madre el 25 de mayo de 1998 y su padre el 12 de octubre de 2002, en ambos casos conducidos al cementerio de Santovenia donde hubo también echado de cortinas en el momento preciso de la cremación.

"Vimos el horno, perfectamente, pero no la entrada de los féretros. Nos dijeron que al día siguiente acudiéramos a por las cenizas", ha puntualizado el testigo, avalando, al igual que los anteriores, la hipótesis de que esa opacidad de los empleados en el momento de la incineración no buscaba otra cosa que facilitar la sustitución de las cajas para su reincorporación al mercado.

"La verdad es que no piensas en algo tan ilógico como lo ocurrido, es absurdo", se ha lamentado Francisco, quien a preguntas del acusador público sobre si reclama, en el supuesto de que los hechos quedaran probados, ha confesado que le pilla "fuera de juego", que no lo tiene muy claro y tendría que consultarlo con el resto de la familia.

"EL DUEÑO HA MUERTO, PERO QUE PAGUEN LOS HIJOS"

Otra de las perjudicadas, María del Pilar Z, ha sido todavía mucho más explicita a la hora de recordar el momento en el que su madre, fallecida el 1 de enero de 1999, iba a ser introducida con su féretro en el horno. "Quise entrar tras ella pero me lo impidieron, echaron las cortinas y me dijeron que estaba prohibido, me pareció injusto. Pregunté quién lo prohibía y no obtuve respuesta", ha denunciado, quien ha precisado que la caja, supuestamente escamoteada, la eligió ella misma cuando aún conservaba la vista que perdió hace tres años.

La mujer también ha mostrado su deseo de reclamar en el supuesto de que el proceso judicial concluyera en condena. "Es todo horroroso, horroroso, hacernos esto, profanar por tres pesetas, el dueño ha muerto, pero que paguen los hijos, es lo que nos queda a los afectados", ha reclamado.

En el caso de Francisco A, sobrino carnal de Maximiliano, fallecido el 31 de diciembre de 2001, también ha corroborado que no llegó a presenciar la incineración de su familiar en la caja que él mismo había seleccionado. El afectado ha renunciado a cualquier posible indemnización y, en cualquier su caso, ha expresado su deseo de que lo que pudiera corresponderle a él y su hermana fuera donado a gente que de verdad lo necesita.

El juicio entrará la próxima semana en una nueva jornada. El Ministerio Público dirige su acusación contra un total de 23 personas físicas, entre ellas la viuda y los tres hijos del fundador, para quienes solicita las penas más elevadas por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Como responsables civiles subsidiarios figuran las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L.