La plataforma ciudadana en Defensa de las Libertades e IU recurrirán la Ordenanza antivandalismo de Valladolid

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades y el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid han manifestado su intención de presentar recurso en los tribunales a la recién aprobada modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Prevención de Conductas Antisociales, por considerar que atenta contra los derechos de la ciudadanía.

Según han informado fuentes de la Plataforma, cuyo portavoz, Luis Gigosos, ha intervenido en el Pleno municipal celebrado este martes, el texto establece restricciones de derechos fundamentales que han sido "sustraídas al debate público".

Los representantes ciudadanos han calificado de "antisocial" esta ordenanza para expresar su radical oposición a los artículos que a su juicio introducen restricciones, con multas de hasta 1.500 euros a la mendicidad en la vía pública. La Plataforma, que ha pedido a los concejales el voto en contra de esta ordenanza, ha anunciado, al ser finalmente aprobada con los votos de los ediles 'populares' que la llevará a los tribunales y que continuarán organizados para defenderse de este "atropello a las libertades".

Durante su intervención en el Pleno, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Manuel Saravia, ha apuntado del mismo modo que si se aprobara el nuevo texto también acudirían a los tribunales.

Así, han lamentado que el PP, "amparándose en su mayoría electoral y en regular más allá de lo permitido por la ley, criminaliza y persigue la expresión pública y actividades de todas aquellas ideologías que no encajan en su modelo de ciudad, restringiendo los derechos de reunión, manifestación, expresión, información, elección de la propia imagen, huelga y libre tránsito", que como han apuntado son derechos "especialmente protegidos por la Constitución".

También han censurado la "grosera e intencionada manipulación que supone mezclar deliberadamente en el articulado de la ordenanza los conceptos de civismo y vandalismo" con la finalidad, a su juicio, de "justificar la represión y el recorte de las libertades", así como "los claros intentos de la autoridad municipal de manipular a la ciudadanía con falsas polémicas impidiendo el debate de fondo sobre el contenido liberticida de la ordenanza".

La Plataforma ha puesto de manifiesto en su intervención en el Pleno municipal que esta ordenanza introduce más restricciones que la de 2004, algunos de cuyos artículos, según han apuntado, fueron declarados ilegales en sentencias de 2006. Con ello, se ha aprobado la "persecución" a la marginación y la exclusión social, que actualmente está agravada por la crisis. También se han referido a detalles que "reintroducen el franquista delito de escándalo público y la policía de moralidad".

A juicio de la Plataforma, las restricciones, por otra parte, condiciona a una autorización previa el ejercicio de derechos fundamentales como los de "expresión, información, opinión, reunión o manifestación, tránsito, y la elección de la propia imagen acorde con la libertad de pensamiento individual". También han criticado que se persigue la expresión escrita de ideas a través de folletos, carteles, pancartas y adhesivos.

La Plataforma Ciudadana, constituida el 20 de diciembre para oponerse a lo que consideran "un nuevo intento del Ayuntamiento de aumentar la represión social", ha realizado durante más de dos meses una campaña de movilizaciones y actos informativos.