VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Social de Castilla y León ha denunciado que el proyecto de presupuestos de la Junta para el próximo ejercicio incumple la reforma de la Ley de la Dependencia, al no equiparar su aportación financiera a la que realiza la Administración General del Estado (AGE).
Según ha advertido el colectivo a través de un comunicado, la legislación estatal establece que la financiación de las prestaciones debe repartirse a partes iguales entre cada comunidad autónoma y el Estado, sin computar el copago de los usuarios.
En este sentido, la plataforma ha explicado que la asignación estatal alcanzará los 620 millones de euros en 2027, lo que fija el gasto total necesario en 1.323 millones de euros. Para cumplir con la normativa, la administración autonómica ha de incrementar su partida en al menos 73 millones de euros adicionales respecto a los 547 millones previstos para la Gerencia de Servicios Sociales.
El colectivo ha rechazado que la Junta aproveche la mayor transferencia estatal para "congelar o reducir" sus aportaciones, en lugar de "reforzarlas" ante el incremento de 6.265 nuevos dependientes desde enero de 2024.
Asimismo, ha recordado que a los fondos públicos se suman 83 millones procedentes del copago de las personas usuarias de residencias y centros de día públicos o concertados, por lo que ha exigido que este "esfuerzo presupuestario se destine a mejorar las prestaciones, los servicios y las condiciones laborales del personal cuidador".
Por otro lado, la entidad ha criticado que la partida asignada a la Renta Garantizada de Ciudadanía haya sufrido una minoración de 9,2 millones respecto a 2024 para situarse en 5,5 millones, lejos de los 72 millones alcanzados en años previos, por lo que ha solicitado "explicaciones" sobre el destino de 68 millones de euros anteriormente empleados en este fin y ha pedido un programa específico de inclusión social.
En materia de infraestructuras, la plataforma ha denunciado que el proyecto presupuestario no asigna financiación para reabrir las 837 plazas públicas residenciales cerradas hace más de una década para su reconversión, al tiempo que reduce un 46 por ciento (17 millones de euros menos) las inversiones en centros para mayores.
Por último, el colectivo ha solicitado aclaraciones sobre determinados incrementos de gasto dentro del programa de atención a personas con discapacidad, citando un aumento del 235 por ciento en la partida de agua (hasta los 142.477 euros), un alza del 715 por ciento en electricidad (hasta los 16,1 millones) y un gasto farmacéutico de 11,7 millones frente a los 3,5 millones destinados a alimentación.
