La Plataforma Social pide a los partidos que lleven en su programa diez propuestas para frenar la exclusión en CyL

Proponen medidas que faciliten que los mayores puedan vivir en su hogar, una nueva política de vivienda o mejorar la integración de inmigrantes

1048674.1.260.149.20260204125241
Vídeo de la noticia
De izquierda a derecha, los integrantes de la Plataforma Social de Castilla y León María Auxiliadora Rodríguez, Alfonso Vaquerizo y Jorge Félix Alonso. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 4 febrero 2026 12:52

VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Social de Castilla y León trasladará a los diferentes partidos que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo un decálogo de propuestas que permitan frenar el riesgo de exclusión y la pobreza y den respuesta a la situación de la Comunidad en materia de políticas sociales.

Así lo han señalado los integrantes del colectivo Jorge Félix Alonso, María Auxiliadora Rodríguez y Alfonso Vaquerizo en una rueda de prensa en la que han presentado estas propuestas que enviarán a los grupos políticos que quieran "resolver" estos problemas con el objetivo de que formen parte de su programa electoral.

Alonso, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que los últimos informes sobre la situación de Castilla y León ponen de manifiesto que uno de cada cuatro castellanoleoneses se encuentra en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, algo que considera debe hacer "reflexionar". Además, ha apuntado que el programa 2030 estableció en 2015 el objetivo de reducir la pobreza a la mitad y actualmente se alejan las posibilidades de alcanzarlo.

Entre los colectivos más vulnerables, ha señalado a las familias monoparentales que tienen una mujer al frente, con una "transmisión generacional" de la pobreza que se mantiene en las zonas donde hay más vulnerabilidad, a lo que se suman cuestiones como un sistema de Dependencia "bastante precarizado" y "privatizado" con dificultades de acceso.

A esto se añade la precariedad laboral en los Servicios Sociales como consecuencia de la externalización, con salarios bajos, y una crisis de vivienda con alto coste del alquiler y de la compra, lo que supone un factor determinante de la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social y está vinculado "totalmente" a las problemáticas sociales que se ven agravadas entre los inmigrantes.

"Se juntan un conjunto de situaciones que, como no hay viviendas públicas, se está haciendo una política de basar todo en el mercado y esto está llevando a que se consolidan y se cronifican las situaciones de exclusión social", ha añadido al respecto Alonso.

MÁS RECURSOS Y COOPERACIÓN

Para paliar estas situaciones, la Plataforma aboga en primer lugar por una "fiscalidad adecuada", dado que "si las administraciones no tienen recursos no es posible hacer políticas públicas", ha explicado Jorge Félix Alonso, quien considera que debe haber más debate sobre esta cuestión para que se entienda su importancia con el fin de que se puedan hacer viviendas o residencias públicas, prestar servicios y corregir las desigualdades, que es el objetivo por el que trabaja el colectivo.

El segundo de los puntos recoge la necesidad de la cooperación institucional en lugar de utilizar unas administraciones frente a otras para "buscar la confrontación política", cuando esta se debe hacer en los parlamentos. "Cooperar entre instituciones es fundamental para poder abordar unas políticas que nos corrijan las desigualdades sociales", ha añadido.

Otra de las reivindicaciones de la Plataforma es la necesidad de mayor transparencia para evaluar los planes, estrategias y anuncios que se hacen "permanentemente" y se especifique el gasto que se realiza en su ejecución por parte de la Consejería de Familia, que no se corresponde con el presupuestado.

Como ejemplo de ello, Alonso ha citado la Estrategia contra la soledad no deseada, que tiene un presupuesto de 1.800 millones de euros para cuatro años mientras que lo presupuestado para personas mayores en la Junta son 350 millones al año. "Por cuatro años no salen las cuentas, o sea, hay mucho más dinero del que hay en el presupuesto", ha apuntado el portavoz de la Plataforma, que ha insistido en la petición de que se hagan evaluaciones y no se hagan documentos que no respondan a la realidad.

En la misma línea, ha reclamado el cumplimiento de la Ley de Integración de los Inmigrantes de Castilla y León, que se aprobó en 2013, sin que haya una estrategia de desarrollo para responder a la nueva situación de la Comunidad, algo que reclaman.

"El problema es que se generan bolsas de pobreza por no conseguir políticas de inclusión", ha señalado Jorge Félix Alonso, quien también ha reivindicado una coordinación de los Servicios Sociales con el sistema educativo para acabar con la "transmisión generacional de la pobreza", que también se refleja en el fracaso escolar principalmente entre los inmigrantes, ya que muchos niños se incorporan al colegio porque es obligatorio pero en ocasiones no saben ni el idioma.

En este contexto, considera que la pobreza se concentra además en determinadas zonas y barrios de las ciudades grandes, algo que la Plataforma señala que "se tiene que cortar".

MEJORA DE SERVICIOS SOCIALES

Además de una nueva política de vivienda con la creación de un parque público de alquiler, declaración de zonas tensionadas y fomento de la vivienda protegida, el colectivo reclama como una de las cuestiones fundamentales que se impulsen los servicios dirigidos a que las personas puedan vivir "en su casa".

A este respecto, Alonso ha explicado que hace años se hablaba mucho del plan 'A gusto en mi casa' de la Junta pero no se ha garantizado esta opción y en la actualidad hay menos plazas en centros de día en Castilla y León que hace diez años.

En concreto, reclaman un mayor apoyo a la vida en el hogar con la ampliación de la red de centros de día, el incremento de las horas del servicio de ayuda a domicilio para que se atiendan las horas "que se necesiten" así como un apoyo a las personas cuidadoras en el entorno familiar con el incremento de ayudas económicas para ello y la eliminación de incompatibilidades de esta prestación con otras y el resto de los servicios con el fin de contribuir a evitar los ingresos en residencias.

Paralelamente, la Plataforma considera necesario mejorar la calidad de los centros residenciales, con el aumento de las ratios de personal, además de crear nuevas plazas públicas para controlar los precios. "Las residencias son necesarias, tienen que funcionar, tienen que tener el personal necesario, que esa es otra deuda que hay", ha apuntado Alonso, quien ha incidido en que aún no se ha desarrollado la legislación sobre residencias aprobada en 2024 porque "si no hay personal suficiente y encima está mal pagado, no se garantiza la atención en los centros residenciales".

Otro de los puntos de su decálogo incide en la necesidad de cumplir los acuerdos del Diálogo Social de 2018 y 2020 para la creación de 145 nuevas plazas de convalecencia (hasta llegar a 275) y publicar los criterios de acceso, algo que la Junta firmó una primera vez, no cumplió y volvió a rubricar. "No puede haber nuevos anuncios si lo que has puesto blanco sobre negro no lo has cumplido", ha aseverado Alfonso Vaquerizo.

El portavoz de la Plataforma ha concluido que en el documento se recogen una serie de "medidas preventivas" que se deben analizar porque "ha cambiado la estructura de la sociedad", compuesta por familias más pequeñas, más dispersas y, en el caso de Castilla y León, la población está todavía "muy ruralizada y muy envejecida", lo que supone un "problema".

Como ejemplo de ello ha señalado el problema de los mayores, con trabajadores de los Servicios Sociales que "se las ven y se las desean" para reubicar a gente que sale de los hospitales, no pueden vivir solos y necesitan alguien que les atienda, motivo por el que son tan necesarias cuestiones como las plazas de convalecencia.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado