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El vicepresidente Primero de la Junta, Carlos Pollán, durante su intervención sobre los PGC de 2027 - EUROPA PRESS
VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), ha anunciado este lunes una rebaja del 58 por ciento en el presupuesto de cooperación al desarrollo para 2027 y ha aseverado que "ningún euro" público financiará a entidades que participen en la promoción de la inmigración irregular.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para detallar las cuentas de su área, el representante de Vox ha encuadrado estas medidas dentro de un eje de actuación orientado al "control a la inmigración" mediante el principio de "prioridad nacional".
En concreto, la partida de cooperación al desarrollo bajará de 6,6 a 2,7 millones de euros en el próximo ejercicio para cubrir únicamente "compromisos ya adquiridos". Según ha expuesto Pollán, los casi cuatro millones de euros de diferencia servirán para reforzar las ayudas a la conciliación de las familias castellanas y leonesas.
Asimismo, la cooperación que permanezca priorizará a los países que colaboren con la administración autonómica en el "retorno de los menores extranjeros no acompañados con sus familias".
En materia regulatoria, Pollán ha reiterado que el acceso a los fondos autonómicos se articulará bajo el "principio de prioridad nacional". "Lo concretaremos, dentro de la legalidad vigente, con un periodo mínimo reforzado de arraigo y empadronamiento, y vinculando el acceso a la trayectoria de cotización y permanencia", ha detallado.
Asimismo, ha remarcado que la Junta revisará "todas las subvenciones, convenios y conciertos" y auditará de manera anual los gastos asociados a la inmigración irregular para ajustarlos "al mínimo que exige la ley".
Sobre la competencia en la gestión de flujos migratorios, el vicepresidente del Gobierno autonómico ha indicado que es el Estado la Administración que ostenta las atribuciones en materia de nacionalidad, extranjería y asilo.
"No podemos aceptar que el resultado final de una política migratoria insuficiente sea trasladar permanentemente sus consecuencias a las comunidades autónomas y a las entidades locales", ha expresado, al tiempo que ha defendido sobre los menores extranjeros no acompañados que "el interés superior de estos menores es estar en sus países de origen, con sus familias".
En el ámbito del bienestar social, el consejero ha confirmado un incremento del 56 por ciento en los programas desarrollados con el Tercer Sector, dotados con 13,6 millones de euros. No obstante, ha advertido de que la Administración autonómica introducirá modificaciones en las bases reguladoras para asegurar que las ayudas vayan dirigidas de forma exclusiva a personas vulnerables en "situación regular en España".
