Rechaza la moción socialista que contemplaba 17 medidas para fijar la desarrollar una Ley de Igualdad de Oportunidades para discapacitados
VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha asegurado este miércoles que la Junta cumplirá los plazos para elaborar la normativa que permita desarrollar la Ley 16/2010 de Servicios Sociales y que supondrá la "garantía" del "derecho de todas las personas" a acceder a los mismos "en condiciones de igualdad".
Así lo ha manifestado la procuradora 'popular' María Luisa Álvarez-Quiñones, quien ha subrayado que "menos de año y medio después de su aprobación", la Comunidad ha obtenido "un diez por su gestión" en el Observatorio de la Dependencia, ya que es "la segunda en número de personas atendidas respecto a la población total" y la que cuenta "con una menor lista de espera", con "apenas 6.000".
De esta manera, Álvarez-Quiñones ha justificado el rechazo de su grupo a la moción presentada por los socialistas en la que se contemplaban 17 medidas como instar a la Junta a elaborar una normativa reguladora que desarrolle dicha ley, la confección del Mapa de Servicios Sociales, la aprobación del reglamento del modelo de financiación y la elaboración de la Planificación Autonómica de Servicios Sociales, todo ello "en un plazo máximo de seis meses".
Por otro lado, se recogía la "homogeneización de la red de Servicios Sociales", la presentación antes de tres meses del Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades en las personas con discapacidad y la elaboración de un Programa Integral de Apoyo a Familias y de los Programas de Calidad, ambas en un plazo de medio año.
Asimismo, se pretendía la unificación del sistema de información, el incremento del personal de los Centros de Acción Social (CEAS), la creación de unidades sociosanitarias de convalecientes en residencias de mayores dependientes de la Junta, una mejor coordinación del sistema de servicios sociales, una convocatoria de subvenciones para las federaciones y asociaciones de iniciativa social, el refuerzo de las actividades de sensibilización, la elaboración de un Plan de Desarrollo Comunitario, la mejora de los sistemas de evaluación, la creación de un programa de infraestructuras para la prestación de estos servicios y la puesta en marcha de una Plan de Formación para los profesionales.
"PURA DEMAGOGIA"
La encargada de defender esta iniciativa, la socialista Ana María Agudíez Calvo, ha subrayado que "no es serio" que se definan los Servicios Sociales como "referente" cuando "está sin elaborar la normativa", mientras que "el decreto que a día de hoy lo regula es de hace 22 años", lo cual "no es de recibo y es pura demagogia".
Sin embargo, Álvarez-Quiñones ha lamentado que esta ley, que "fue aprobada con amplia mayoría", lo lograra "con los votos en contra del Grupo Socialista", al tiempo que ha criticado la "amputación" de los Servicios Sociales que, a su juicio, realizó en mayo de 2010 el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que supuso "la supresión de la retroactividad de las solicitudes de quienes ya eran dependientes", por lo que ha rechazo que el PSOE "empuñe un cronómetro como único instrumento para lo que es de todos".
De esta forma, la moción ha sido rechazada con la mayoría absoluta del PP, si bien ha contado con el apoyo del Grupo Mixto, cuyo portavoz, el procurador de IU José María González, se ha preguntado "de qué sirve tener un amplio escaparate desde el punto de vista legal si detrás no existen dependientes que atiendan" y ha cargado contra la Junta por "quedarse en la parte externa, en el titular, no en lo que se puede mascar en el desarrollo posterior".
