VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha más del 80 por ciento de las cien medidas del Acuerdo de Gobernabilidad alcanzado entre PP y Ciudadanos y los Consejos de Gobierno han tratado más de 420 asuntos que han movilizado casi 1.000 millones de euros, a lo que se suma la puesta en marcha de la tramitación de trece leyes, con una mención expresa del vicepresidente, Francisco Igea, a la de derechos y garantías al final de la vida.
Estos son los principales datos del balance de los cien primeros días del Gobierno autonómico que han presentado el presidente y el vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, y Francisco Igea, de Ciudadanos, que han ratificado su apuesta por la transparencia y por la regeneración.
El presidente de la Junta ha hecho especial hincapié en su voluntad de diálogo para reivindicar el Diálogo Social "con más fuerza que nunca", a lo que ha unido el diálogo civil, institucional y político, punto en el que ha lamentado que algunas fuerzas sean "incapaces" de llegar a un diálogo práctico, con el ejemplo del Pacto por la Sanidad que ha vuelto a reclamar.
El presidente de la Junta ha basado la relación con el Gobierno de España en el autonomismo útil, leal y solidario y en la "defensa a ultranza" de los intereses de Castilla y León y ha lamentado que durante la etapa del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez no haya dado respuesta ni se haya sentado a negociar "cuestiones vitales" para la comunidad castellanoleonesa.
"Generar confianza" y "buscar y ofrecer certidumbres" son otros de los logros que ha ensalzado el presidente de la Junta que ha destacado la apuesta de la Junta por una "fiscalidad inteligente" que ha basado en la tramitación de la práctica eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, en la rebaja media del 15 por ciento en el suelo industrial antes de finalizar el año y en la preparación de una "batería de mejoras" en la financiación empresarial y en la tarifa plana de los autónomos, junto al impulso de la I+D+i.
En materia de empleo, "una auténtica prioridad", ha anunciado que entre este trimestre y el próximo la Junta movilizará medidas por un valor plurianual de más de 100 millones de euros que beneficiarán a 62.780 castellanoleoneses, y ha ratificado la apuesta por la empleabilidad, no sólo con las políticas de empleo, sino con otras políticas, como la Formación Profesional Dual o el Acuerdo Marco que da estabilidad al empleo en Servicios Sociales.
Fernández Mañueco ha destacado también que 75.000 alumnos han tenido libros de texto gratis, la rebaja de las tasas universitarias un 20,2 por ciento y la mejora de las prestaciones a las personas dependientes, con unos nuevos criterios de cálculo y reducción del plazo de reconocimiento a tres meses a partir de enero, junto a la creación de una nueva línea de ayudas para las familias con niños de 0 a 3 años que beneficiará a unas 4.000 familias.
A esto ha añadido que se ha aprobado una nueva cartera de servicios de Atención Primaria que ha pasado de 34 a 48 servicios, que se han ofertado 710 plazas de médicos de familia y que se han seguido impulsado las infraestructuras hospitalarias, "con importantes actuaciones en obras y equipamiento".
Finalmente, ha ratificado también el compromiso de la Junta con el mundo rural co medidas como el mantenimiento de escuelas con cuatro, "o incluso, tres alumnos", o la aplicación de medidas de "discriminación positiva" al medio rural en las nuevas ayudas para las familias, y la primera convocatoria para llevar internet a todos los pueblos.
En el caso de Igea, ha detallado los avances en Transparencia y Regeneración Democrática, como el inicio de la tramitación de una nueva ley de Transparencia, acceso a la información pública y su reutilización; la creación, también por ley, de una Agencia de Prevención y Lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunidad de Castilla y León, que también reforzará la protección a los informantes sobre delitos contra la Administración; o la publicación detallada de las transferencias de valor a empresas de comunicación, como paso previo al establecimiento de unos criterios objetivos para la planificación de la publicidad institucional de la Junta de Castilla y León.
También ha considerado "reseñable" el comienzo de los trabajos para la elaboración de una ley de creación de la Agencia Autonómica de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, la remisión a las Cortes un nuevo Código ético y de austeridad de los altos cargos y la publicación de las agendas de trabajo de los gestores públicos.
Finalmente, se ha referido a la apertura de la Administración, incrementada con la simplificación de los requisitos para que cualquier persona ejerza su derecho de acceso a la información pública, eliminando trabas y requisitos.
