PP rechaza la enmienda socialista a la totalidad de la Ley de Salud que proponía ordenar el sistema en CyL

Actualizado: jueves, 17 junio 2010 16:34

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León rechazó la enmienda socialista a la totalidad a la nueva Ley de Salud por la que el PSOE instaba a que el Proyecto de Ley sirviera como pieza "clave" en la ordenación de todo el sistema sanitario de la Comunidad.

"El PSOE quiere obstaculizar el Proyecto de Ley, que es algo más que la ordenación del sistema de salud, es la ordenación de todos los recursos que existen en la Comunidad", indicó el procurador 'popular' Jesús Berzosa, quien pidió a los socialistas "reflexión" a la hora de votar y señaló que la alternativa "no puede ser la nada" tras acusar al PSOE de no presentar algún texto legislativo como propuesta complementaria a la nueva Ley.

En la exposición de su enmienda a la totalidad, el Grupo Parlamentario Socialista criticó que el Proyecto de Ley dedique "la mayor parte" de su esfuerzo normativo a la asistencia sanitaria "olvidando que es tanto o más importante la prevención y promoción de la salud que la asistencia".

"Ello repercute de forma negativa en la salud de los castellanoleoneses, que pueden pensar por ejemplo que la contaminación por arsénico no es un problema de salud", señaló la procuradora socialista Victorina Alonso, quien recalcó que a nivel de salud "es más eficaz y barato prevenir el infarto que curar al paciente infartado".

El PSOE apuntó asimismo que en la norma se pierde la oportunidad de regular la Salud Pública, que queda regulada en otra ley. "El texto mezcla en varias ocasiones la asistencia sanitaria con la asistencia sanitaria pública y no regula con claridad ni precisión cómo van a ser las relaciones de coordinación y complementariedad con la asistencia privada", se quejó la procuradora.

SISTEMAS PÚBLICO Y PRIVADO

Al hilo de ello, consideró que hay que delimitar "claramente" el sistema público del privado porque tienen objetivos "dispares" y que a veces entran en "contraposición". "El objetivo del sistema privado es siempre ganar dinero y aumentar los recursos y no mejorar la salud de los castellanoleoneses", espetó, al tiempo que afirmó que la ley "no regula las condiciones para que los conciertos siempre sean beneficiosos".

Asimismo, los socialistas censuraron la creación del Defensor del Paciente por considerarlo un "gasto" para el sistema y una figura cuyas funciones ya lleva a cabo el Procurador del Común y recriminaron al PP que éste sea nombrado por la propia Consejería de Sanidad, lo que a su juicio hará que "no se atreva a presentar críticas ni a cuestionar la política sanitaria" por temor a ser cesado.

Por otra parte, incidieron en la falta de coordinación que genera el modelo propuesto de cinco áreas de atención --"no incluye medidas para que desaparezca esa falta de descoordinación y se dé lugar a un servicio de calidad", aseveró-- así como en la falta de una atención específica a los discapacitados psíquicos con problemas físicos, de un apartado dedicado a salud laboral y de participación por parte de los agentes sociales en los órganos de decisión.

Además, insistieron en la necesidad de cambiar la nominación de médico "especializado" al referirse a este servicio para evitar así que se "desprestigie" al médico de Atención Primaria. "Consideramos que los castellanoleoneses se merecen otra ley", zanjó Alonso.

En este sentido, tras la lectura de las novedades y puntos principales de la ley por parte del consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, el 'popular' Jesús Berzosa se mostró convencido de que se trata de un Proyecto de Ley "bueno" al conllevar "más derechos" y extender la participación de los ciudadanos y la protección de los profesionales.

CATÁLOGO DE DERECHOS

La nueva norma que sustituirá a la de 1993 consta de 78 artículos estructurados en once títulos y define el Sistema de Salud de Castilla y León como el conjunto de actuaciones y recursos sanitarios.

El proyecto de Ley reconoce un catálogo de derechos de los usuarios del Sistema de Salud en consonancia con los derechos sociales reconocidos en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía, como es el derecho a que las personas que padezcan enfermedades crónicas e invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos, reconocidos sanitariamente como de riesgo, tengan actuaciones y programas sanitarios especiales. La nueva Ley prevé en este sentido la aprobación de un nuevo Plan Sociosanitario.

Asimismo, por primera vez se establecen en una norma autonómica las prestaciones del Sistema Público de Salud. Así, se recogen las prestaciones de atención primaria, atención especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario, y, como principal novedad, las prestaciones de salud pública y de atención sociosanitaria.

Para hacer efectivas dichas prestaciones, el Sistema Público de Salud se organizará tanto a nivel territorial como funcional. Así, se define por primera vez el Mapa Sanitario, que pasa a estar integrado por las áreas de salud, las zonas básicas de salud y las novedosas demarcaciones sanitarias, mapa que es el principal instrumento para la ordenación, planificación y gestión del Sistema Público de Salud de la Comunidad.

Se impulsa también la participación en el Sistema de Salud de Castilla y León mediante la creación de nuevas figuras jurídicas y el mantenimiento de los órganos de participación ya existentes y por primera vez se dedica un título específico a la calidad y la acreditación del Sistema, con el fin de disponer de un modelo de acreditación sanitaria, como método de excelencia basado en la búsqueda de la mejora continua.

Asimismo se dedica un título exclusivo a la formación y a la investigación, con el fin de establecer fórmulas de colaboración y cooperación, especialmente con las universidades de Castilla y León, con la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, los centros de I+D+i, los institutos de investigación o la industria sanitaria, cumpliendo así con la previsión recogida en el artículo 74.4 del Estatuto de Autonomía. Además se promueve la creación de Comités de Ética de la Investigación, en consonancia con la Ley de Investigación Biomédica.

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