PP rechaza enmiendas de PSOE y Grupo Mixto a la Ley de Pesca sobre la que pedían su devolución por "incompleta"

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PSOE y Grupo Mixto para solicitar la devolución del texto del proyecto de Ley de Pesca, cuyo fin es, como ha detallado el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, lograr una "gestión sostenible", además de avanzar en la "dinamización del mundo rural".

Silván ha comparecido ante la Cámara para explicar esta Ley que adecua la normativa de 1992 ante el "fuerte crecimiento" de la pesca en la Comunidad que alcanza ya las 180.000 licencias. Así, ha insistido en que el objetivo de la normativa es garantizar el ejercicio de la pesca, desde el mantenimiento del patrimonio y de una "gestión sostenible".

Durante su intervención Silván ha destacado que la normativa habilita como novedad la creación de permisos de pesca de carácter turístico liado al turismo rural. "Pesca, ocio, deporte, equilibrio económico y turismo de naturaleza", ha aseverado.

El consejero de Fomento ha confiado en poder aprobar la normativa con el mayor consenso posible y ha recordado que el Proyecto de Ley ha contado con la colaboración "expresa y activa" de todos los sectores implicados.

Sin embargo, tanto la procuradora socialista Ana María Muñoz de la Peña como el del Grupo Mixto, el leonesista Alejandro Valderas, han presentado sendas enmiendas a la totalidad con el fin de lograr la devolución del texto ya que ambos han considerado el documento como "incompleto".

"Se trata de un Proyecto de Ley banal, insustancial e incompleto", ha insistido Muñoz de la Peña, quien ha recordado que la materia ya está regulada en la normativa de 1992, por lo que el objetivo actual debe ser "mejorar la ley anterior", algo que, a su juicio, no se hace porque "el proyecto resulta incompleto".

Así, la procuradora socialista ha recordado que la anterior Ley fue "pactada, consensuada y aprobada por unanimidad", al tiempo que ha asegurado no entender el objetivo del texto remitido por la Junta ni "el motivo de sus prisas".

Por su parte, el procurador 'popular' Francisco Julián Ramos Manzano ha explicado a Muñoz de la Peña que se trata de regular una parte de la actual normativa como es la pesca, ya que se trabaja en la elaboración de otra ley de protección de sistemas acuáticos. Para Ramos Manzano el objetivo actual es "claro" y se basa en adaptar la actual normativa a la realidad social y económica de la Comunidad.

No obstante, ha explicado que hace años la práctica de la pesca se basaba en lograr alimentos y ahora se basa en una práctica deportiva, de recreo y de contacto con la naturaleza, al tiempo que ha defendido la necesidad de su aprobación, ya que la Comunidad gestiona el 20 por ciento de las licencias expedidas en España.

"Esta normativa ayudará a la dinamización del mundo rural y consolidará a Castilla y León como destino turístico nacional e internacional", ha aseverado, tras lo que ha reiterado que el fin último es "conservar y fomentar los recursos pesqueros".

Por su parte, el procurador del Grupo Mixto Alejandro Valderas ha insistido en que se trata de un documento incompleto porque no aborda ni incide en la mejora de los ecosistemas, además de tachar de "absurda" la generalización de "prohibiciones" que "atentan contra la pesca".

Estos argumentos fueron desmontados por el procurador 'popular' Fidentino Reyero quien ha insistido en que se aprobará una futura ley de ecosistemas acuáticos y ha defendido que la necesidad de que la normativa hable únicamente de la pesca para avanzar en su planificación.

EL CONTENIDO

El texto legal consta de 8 títulos, 24 capítulos, 83 artículos, una disposición adicional, 5 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una final. La entrada en vigor de esta norma se producirá a los 20 días de su publicación en el Bocyl, según la disposición final. La disposición adicional establece un año para la aprobación del reglamento de desarrollo y se habilitan cinco disposiciones transitorias en tanto se produzca el desarrollo reglamentario.

Además, en este Proyecto de Ley se incluye la creación de la figura 'especie de interés preferente', en la que se encuadran las especies autóctonas con valor ecológico o deportivo especial, estableciendo con carácter general la práctica de la pesca sin muerte, salvo que se asegure su adecuado estado de conservación. En este sentido, se declara la trucha común 'especie de interés preferente', reconociendo así expresamente la importancia ecológica, deportiva y social de esta especie. En coherencia con esta decisión, se prohíbe su comercialización.

La norma potencia la pesca sin muerte en las aguas de acceso libre para garantizar la conservación de las poblaciones de trucha autóctona de la Comunidad y prioriza la consolidación de Castilla y León como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional compatibilizando este objetivo con el disfrute de los pescadores autóctonos y con la conservación de las especies. Para ello, se habilita la creación de permisos de carácter turístico, que se adjudicarán a las empresas turísticas locales.

Por otra parte, se dota de especial relevancia a la planificación para garantizar una adecuada gestión de la pesca. Para ello, se establece el Plan de Ordenación de los Recursos Acuáticos (PORA), de carácter autonómico, que se concreta sucesivamente en planes técnicos de gestión para las cuencas y subcuencas, planes específicos para cada tramo de pesca pública y planes de aprovechamiento de las aguas de pesca privada. A demás, se crea la Red de Seguimiento y Control de las poblaciones acuáticas de Castilla y León para garantizar la planificación y gestión de los recursos apoyada en un adecuado conocimiento del estado de las poblaciones y el medio en que se desarrollan. La red se establecerá en el PORA.

La Ley establece que los agentes de la autoridad son los agentes medioambientales, agentes forestales, celadores de medio ambiente, agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de policías locales. Se consideran agentes auxiliares, los vigilantes de pesca y guardas particulares de campo. El órgano de participación y asesoramiento será el Consejo de Pesca de Castilla y León y los Consejos Territoriales constituidos por lo sectores y las organizaciones sociales relacionadas con la pesca.

Se establecen infracciones de carácter leve, menos graves, graves y muy graves. Las infracciones leves suponen una sanción de 100 a 600 euros. En el caso de las infracciones menos graves la multa oscila entre 600,01 euros a 3.000 euros; las infracciones graves van de 3.000,01 euros a 10.000 euros y retirada de licencia entre 1 y 2 años. Finalmente, las infracciones muy graves oscilan entre 10.000,01 euros a 60.000 euros con retirada de licencia entre 2 y 3 años. Además, cabe señalar que en el caso de infracciones menos graves se inhabilita para la obtención de permisos de cotos y pases de control de escenarios deportivo-sociales durante 1 año y durante 3 años en el caso de infracciones graves o muy graves.

El procedimiento establece la posibilidad de pago voluntario en un plazo de 15 días con una reducción de hasta el 50 por ciento del importe, salvo en las muy graves. Se inscribe en el registro regional de infractores a todas las personas que hayan sido sancionadas por resolución firme.