PP de Valladolid acudirá a la Justicia si el Ayuntamiento no asume recurso de reposición contra las medidas de tráfico

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado este lunes que prevé acudir a la vía Contencioso-Administrativa si el equipo de Gobierno no acepta el recurso de reposición que ha presentado el PP contra el Decreto por el que se establecen las medidas de movilidad en autobús y bicicleta aplicadas a lo largo de los últimos meses.

Así lo han señalado la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, y el concejal Francisco Blanco, que han explicado a los medios de comunicación el contenido del recurso de reposición registrado el pasado 9 de octubre y sobre el cual el Ayuntamiento de Valladolid deberá pronunciarse en un plazo de un mes a partir de esa fecha.

Del Olmo ha recalcado que el equipo de Gobierno "debería resolver el recurso" y dar la razón al Partido Popular, y de lo contrario ha advertido de que, aunque afirma que no les gusta "judicializar" los asuntos municipales, acudirán a la vía contencioso-administrativa porque considera que "la Justicia todavía funciona en España".

Además, ha apuntado que en ese caso solicitarían medidas cautelares de suspensión de las actuaciones que se han desarrollado en el centro de la ciudad derivadas del Decreto 5842/2020.

Esa orden ha supuesto, como ha recordado Francisco Blanco, la implantación de "21 tramos de carriles bus taxi" así como dos carriles bici segregados en la avenida de Gijón y el paseo de Isabel la Católica, medidas que, ha añadido, Del Olmo, han provocado atascos "que nunca había habido en la ciudad" y, con ello, mayor contaminación "acústica y ambiental".

"La mayoría de los sectores afectados están en contra de los cambios, comerciantes, hosteleros y vecinos, pero el equipo de Gobierno se dedica a negar la evidencia, decir que son invenciones del Grupo Municipal Popular", ha incidido Del Olmo, que ha aseverado que "todos los días se ven en las redes atascos en distintos puntos de la ciudad".

El PP, ha recordado la presidenta del Grupo Municipal, se comprometió hace unas semanas a "hacer todo lo posible" por revertir esos cambios, motivo por el cual presentó el pasado 9 de octubre el citado recurso de reposición.

Este acto administrativo, que se presenta ante el propio Ayuntamiento para requerirle que dé marcha atrás en la aplicación del Decreto, se basa en que el documento aprobado el pasado 10 de septiembre y que a su vez modificaba otro del mes de junio, vulnera la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de Tráfico y el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid.

Según ha detallado Blanco, la vulneración de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se debe a que ésta establece el requisito de que las actuaciones que afecten a gastos o ingresos municipales presentes o futuros deben ir acompañadas de una memoria económica justificativa, algo que en el caso de este decreto es "a todas luces inexistente".

Blanco ha recalcado que, aunque en el Decreto el equipo de Gobierno sostiene que las actuaciones no suponen "un elevado coste" y son "en cierta medida temporales" no requieren de ese trámite, pero el edil del PP ha advertido de que se han movilizado recursos para instalar señalización e incluso para abordar obras de modificación de paradas de autobús, a lo que ha sumado los "más de 100.000 euros" en los que el concejal de Movilidad y Espacio Urbano ha cifrado el coste de la rectificación del carril bici de Isabel la Católica.

Asimismo, ha explicado que consideran que el Ayuntamiento ha incumplido la Ley de Tráfico porque se infringen requisitos para la tramitación y se modifican los usos de vías urbanas con una "alteración más que sustancial del orden circulatorio", algo para lo que el Consistorio no tendría competencias.

En tercer lugar, señalan que el Decreto vulnera el procedimiento establecido en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y del Reglamento de Participación Ciudadana sobre la participación ciudadana, ya que se ha "hurtado" a la ciudadanía de un periodo de "audiencia pública" sobre estos cambios y también se ha aprobado vía decreto sin tener que debatirlo en el Pleno municipal.