CASTRILLO DE LA RIBERA (LEÓN), 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La adjunta del Procurador del Común, María Teresa Cuena Boy, visitó hoy el depósito ilegal de neumáticos de la localidad leonesa Castrillo de la Ribera, donde el pasado 22 de diciembre se originó un fuego que a día de hoy todavía no está completamente extinguido, para analizar la situación del mismo ante las quejas de los ciudadanos sobre posibles daños medioambientales y a la salud. María Teresa Cuena Boy informó que el Procurador del Común ha recibido diversas quejas procedentes de las Juntas Vecinales de las localidades de Villarroañe y Valdesogo de Arriba, ambas pertenecientes al municipio de Villaturiel (León), y de vecinos de las localidades cercanas al depósito.
Estas quejas inciden en la dificultad para respirar en la noche y días posteriores el inicio del incendio y denuncian que desde el Ayuntamiento de Villaturiel no se haya informado del estado y calidad de las aguas y el aire en esta zona, ya que los vecinos afirmar comprar agua embotellada, tanto para beber como para cocinar, por desconfianza sobre su toxicidad.
Así, Cuena Boy señaló que esta visita es un paso previo para la tramitación de las protesta ciudadanas, que se hará "lo más rápido posible", aunque recordó que su resolución no tendrá carácter vinculante para las administraciones implicadas. "La Administración puede aceptar o no la queja, pero en ningún caso está obligada a ello", señaló.
Después de casi un mes desde que se iniciara el incendio, la Junta de Castilla y León anunció ayer, tras la reunión que mantuvo en Valladolid con representantes del Ayuntamiento de Villaturiel, que iniciará un nuevo expediente sancionador contra el propietario del deposito ilegal de neumáticos de Castrillo de la Ribera y advirtió que el Ayuntamiento de Villaturiel no recibirá compensación económica por este suceso.
Asimismo, la institución autonómica se plantea que si el propietario, con expedientes ya abiertos por la misma causa, se declara insolvente, estudiará ser ella quien se haga cargo del coste de la retirada de los residuos, que asciende a unos 400.000 euros.
