El ponente propone una lista negativa de entidades que no serán consideradas como activos
BRUSELAS, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ponente de la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo, el portugués Luis Manuel Capoulas, ha presentado este miércoles a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León su informe sobre la propuesta de la Comisión para la PAC que presentará para su debate el 18 y 19 de junio en la que se incluye que no sean considerados agricultores activos quienes no tuvieron producción en 2011, al tiempo que flexibiliza el componente verde de las ayudas directas.
Capoulas ha expuesto sus ideas ante una delegación de Castilla y León encabezada por el secretario autonómico del PSOE, Julio Villarrubia, acompañado por otros miembros de la Ejecutiva, entre ellos la secretaria de Agricultura del PSOE, Ana Sánchez, y el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo; el secretario regional de UPA, Julio López; el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín; el vicepresidente de Urcacyl, Lucas Ferreras, y el coordinador de COAG en Valladolid, Alberto Duque, además de los secretarios regionales de UGT y CC.OO, Agustín Prieto y Julio López.
En concreto, la propuesta del portugués destaca que la definición de agricultor activo no puede realizarse en virtud del cinco por ciento de ingresos derivados de la PAC, por lo que apuesta únicamente porque los Estados miembros definan el mínimo de actividad que deba desarrollarse en las superficies agrícolas.
Así recoge una enmienda para evitar que sean considerados agricultores activos los que no tuvieron una actividad productiva agrícola en 2011 y, según ha precisado, los Estados miembros deberán establecer los criterios oportunos para que los pagos directos no se concedan a personas físicas o jurídicas donde la agricultura no sea parte predominante de sus actividades económicas o su actividad principal no sea el desempeño de una actividad agrícola.
El eurodiputado socialista propone una lista negativa de entidades que no serán consideradas agricultores activos como empresas de transporte, instalaciones deportivas, mineras, camping, sociedades inmobiliarias y aeropuertos.
PAGO VERDE
El componente verde de las ayudas directas ha sido otra de las cuestiones abordadas por Capoulas, quien introduce la "flexibilidad" en su informe y simplifica alguna de las medidas propuestas por la Comisión Europea. Propone que los Estados que lo deseen puedan usar más del 30 por ciento de sus sobres nacionales para el pago verde e incluye modificaciones importantes para que superficies sometidas a medidas agroambientales o a una certificación ecológica de la explotación puedan beneficiarse automáticamente del sistema.
También se prevé una elegibilidad para los agricultores con cultivos permanentes como olivar, viñedo o huertos que apliquen prácticas agronómicas específicas de conservación del suelo como la cubierta verde en explotaciones de menos de 50 hectáreas donde ocupen más del 80 por ciento de la superficie elegible total de la explotación.
Capoulas propone tres medidas de pago verde, en primer lugar la diversificación de cultivos, en segundo término añade el concepto de pagos permanente y en tercer lugar la superficie de interés ecológico.
En el documento, el portugués establece el régimen de pago básico, así modifica la fecha de 2011 como referencia para recibir derechos de pago y propone un período entre 2009 y 2011 para que los agricultores que hubieran activado al menos un derecho bajo el sistema de pago único puedan recibir derechos de pago.
Sobre la convergencia entre estados, el ponen propone un nuevo criterio para el reparto de fondos y apuesta por una mayor flexibilidad en la convergencia de los pagos, de forma que cada país pueda determinar los plazos y la velocidad de su convergencia interna.
Por último, Capoulas defiende ampliar el límite de derechos de pagos a conceder hasta 50 hectáreas, independientemente del tamaño medio de las explotaciones y que el régimen de pequeños agricultores sea voluntario y que el montante máximo a pagar al agricultores sea de 1.500 euros a diferencia de la propuesta inicial de un máximo de 1.000 euros.
Andalucía
