PSCL pide a la Junta que no recurra al despido de funcionarios

Julio López calcula que 2012 se cerrará con "40.000 parados más" en Castilla y León

El Portavoz De Economía Y Empleo Del Grupo Socialista, Julio López
Foto: EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Actualizado: miércoles, 21 marzo 2012 13:31

   El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha anunciado este miércoles que llevará al próximo Pleno una batería de propuestas destinadas a que el Gobierno regional "no se ponga de perfil" ante la reforma laboral y que, entre otros aspectos, estudie la posibilidad de presentar un Recurso de Inconstitucionalidad o se comprometa a no aplicar las opciones que deja la nueva normativa para el despido de empleados públicos ni las concernientes al empleo de parados para realizar trabajos sociales "sin remuneración".

   El viceportavoz y portavoz de Economía y Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Julio López, ha presentado hoy dos proposiciones no de ley que se llevarán al próximo Pleno autonómico y que estarán complementadas por las nueve preguntas que plantearán en la Comisión correspondiente para cuestionar a la Junta por los planes para la creación de empleo cuando "las nueve provincias se encuentran en el peor momento laboral".

   En una de las PNL se reclama al Gobierno regional que inste al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que abra el proceso de diálogo con los agentes económicos y sociales para alcanzar un acuerdo relativo a esta reforma que impida que, según la opinión de los socialistas, "suponga un retroceso en los derechos de los trabajadores".

   Asimismo, López ha apuntado que se reclamará a la Junta de Castilla y León que no aplique dos posibilidades "peligrosas" que, a su juicio, habilita la reforma presentada hace unas semanas por el Gobierno de España, como la "universalización" del despido que facilitaría la extinción de contratos en el sector público; o la "obligatoriedad" de que los parados desempeñen trabajos comunitarios en las administraciones.

   Así, se pide el compromiso de la Junta de no aplicar las "facilidades" para el despido de empleados públicos, ni aceptar la contratación de parados para realizar trabajos sociales "sin remuneración".

   

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