La portavoz de Familia e Igualdad de Oportunidades del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Soraya Blázquez - PSOE CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Familia e Igualdad de Oportunidades del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Soraya Blázquez, ha lamentado que la Junta siga el "argumentario" del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo en la acogida de menores migrantes, una postura que atiende a la "búsqueda de votos" en la parcela de la "extrema derecha".
En declaraciones difundidas a los medios, la socialista ha asegurado, tras escuchar las últimas "excusas" del Ejecutivo autonómico ante la necesidad de acoger a menores migrantes, que es "crucial" proteger a estos menores no acompañados.
"No es una imposición, es un deber humanitario y legal. Estos niños y niñas son las personas más vulnerables que llegan a nuestro país, y su protección está garantizada por la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España", ha defendido la portavoz socialista.
En la misma línea, ha señalado que la nueva idea surgida del "argumentario" de la calle Génova de que el Ejecutivo central los impone es un intento de desviar la atención de la "urgencia y la responsabilidad" compartida como país y Comunidad Autónoma.
Es más, ha indicado que cuando el PP habla de "reparto", es necesario aclarar que "no se habla de números o cromos, sino de personas, de niños que han vivido situaciones extremadamente difíciles".
Por ello, la propuesta de reubicación busca precisamente aliviar la saturación en comunidades como Canarias, Ceuta y Melilla, que soportan una carga "desproporcionada". "¿O acaso la solidaridad con estas regiones hermanas, que están al límite de su capacidad, es una imposición?", se ha preguntado la dirigente socialista.
También ha apuntado que negarse a participar en una solución coordinada "no solo ignora la situación de estos niños, sino que desatiende la llamada de auxiliar de otras comunidades".
Por eso, ha explicado que el Gobierno, "lejos de imponer", ha buscado una solución "equilibrada y basada en el derecho, respaldada por un dictamen del Consejo de Estado".