PSOE acusa a Carnero de volver a contratar a una empresa vinculada a altos cargos de Ayuso

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha acusado al alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero, de adjudicar "a dedo" un nuevo contrato sobre el soterramiento a una micropyme vinculada a familiares de altos cargos del gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Apenas ha transcurrido un año desde que saltó el "polémico" contrato adjudicado por Carnero a Eficia para "vestir el cuento del soterramiento" y ahora, según denuncian los socialistas a través de un comunicado recogido por Europa Press, se repite el procedimiento "con más agravantes" al adjudicar un segundo contrato a la misma empresa, fundada por familiares de dos directores generales de Ayuso.

Según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso el Grupo Municipal Socialista, el principal administrador de la empresa, Juan Ayres Janeiro, ha conseguido el último contrato del Ayuntamiento de Valladolid por 9.389 euros a pesar de que actualmente trabaja en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ahora presidida por el Partido Popular, "lo cual delata un conflicto de intereses".

Este contrato menor servirá para la adjudicación de otro contrato millonario sobre el soterramiento. De hecho, el contrato suscrito por el Ayuntamiento con Eficia se refiere a "la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas al objeto de proceder a la contratación posterior de la redacción de un estudio completo sobre el soterramiento del ferrocarril a su paso por Valladolid".

Y esta empresa ha valorado en más de 1,2 millones de euros el coste de ese estudio sobre el soterramiento. "La empresa elegida a dedo por Carnero, además de que no tiene ninguna acreditación ni solvencia técnica para realizar estudios sobre el soterramiento, está dirigida por Juan Ayres Janeiro, contratado por la FEMP como técnico de gestión. Es decir, que la persona que trabaja en la entidad que representa a todos los ayuntamientos españoles al mismo tiempo se beneficia de un contrato de uno de ellos, del Ayuntamiento de Valladolid. Este es un caso claro de incompatibilidad ética y profesional y es un caso flagrante de un conflicto de intereses injustificable y reprobable", explica Pedro Herrero.

"Por decencia el equipo de gobierno PP-Vox debería haber evitado adjudicar cualquier tipo de contrato a esta empresa. El pasado año el Grupo Municipal Socialista ya denunció públicamente que Eficia estaba vinculada a familiares de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¡Qué coincidencia¡ El Ayuntamiento le adjudicó un contrato por 17.545 euros. Y ahora sabemos que el administrador único de esa empresa ha sido enchufado en la FEMP, gobernada por el PP. Otra coincidencia. Y, sin embargo, Carnero le adjudica a dedo otro contrato por más de 9.000 euros para vestir el cuento del soterramiento", insiste Herrero.

Los documentos oficiales acreditan que Juan Ayres Janeiro fue incorporado a la plantilla de la FEMP el pasado 12 de mayo. A título de ejemplo, la convocatoria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, que hoy se celebra en Madrid, está firmada por Ayres.

Simultáneamente esta misma persona estaba realizando el encargo del Ayuntamiento de Valladolid, que entregó el pasado 27 de junio, tras una prórroga de siete días concedida por Urbanismo.

Desde el PSOE recuerdcan que hace un año el concejal de Urbanismo dijo que en el equipo de gobierno de Carnero desconocían la vinculación de Eficia con el PP y que se habían enterado por la prensa que la micropyme estaba dirigida por dos familiares de altos cargos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Entonces se ampararon en ese presunto desconocimiento, que era poco creíble. Pero esta vez sí lo sabían. Eran conscientes y, a pesar de todo, reinciden y le adjudican un segundo contrato. Estos son los hechos que Carnero no puede desmentir, pero sí tiene la obligación de explicarlos a los ciudadanos", apostilla Pedro Herrero, que insiste en el derecho de los vallisoletanos a saber todos los datos del destino del dinero público.