PSOE pide alquilar a afectados las casas desocupadas de parques de Bomberos de la Diputación de Valladolid

Marta Olmedo y Juan José Zancada
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 21 noviembre 2012 14:52

Zancada, comprensivo con los municipios cuya Policía Local no participa en los desalojos, reconoce que los políticos no han estado "a la altura"


VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid ha pedido este miércoles que la Institución ofrezca, en régimen de alquiler social, las viviendas desocupadas de sus parques de Bomberos para las familias afectadas por desahucios.

Esta medida se incluye dentro de una proposición que los socialistas presentarán en el próximo pleno de la Diputación, que se celebrará el viernes 30 de noviembre, y que contempla media docena de iniciativas para "paliar esta lacra social" y contribuir a encontrar "soluciones definitivas".

En el ámbito provincial, el PSOE propone que las siete viviendas "en desuso" con que cuentan los parques de las localidades de Peñafiel, Medina del Campo y Medina de Rioseco, algunas de las cuales "se encuentran en perfectas condiciones", sean gestionadas por ONG en coordinación con los Servicios Sociales, según ha explicado el portavoz del Grupo Socialista, Juan José Zancada.

Asimismo, se reclama un aumento de 30.000 euros en la partida presupuestaria de la Diputación para atender situaciones de urgencia a través de las ayudas a personas en estado de necesidad (APEN), de manera que "se podrían evitar situaciones de impago en el alquiler o en las amortizaciones hipotecarias".

Por otro lado, la proposición plantea que la Institución provincial "inste a las entidades financieras con las que opera" a la paralización de los desahucios de vivienda habitual por insolvencia sobrevenida "hasta que entre en vigor un nuevo marco legal".

Al margen de esto, la propuesta socialista incluye reclamaciones para otras administraciones a nivel autonómico y central, como que la Junta de Castilla y León "transfiera las ayudas" concedidas al amparo de la Orden FOM/531/2010, de 19 de abril, a las 1.551 personas arrendatarias que están pendientes de recibir la subvención en la provincia desde 2010, puesto que, como ha recordado la diputada Marta Olmedo, estas ayudas "no se han convocado ni en 2011 ni en 2012".

Por lo que se refiere al Gobierno de España, se le insta a crear un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias en situación de pobreza y exclusión social con una dotación total para 2013 de mil millones de euros que permita dotar a las entidades locales de fondos para servicios educativos, para la atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia, así como para derivados de las prestaciones en servicios sociales, de promoción y reinserción social y programas específicos de inclusión para grupos vulnerables que aumenten la eficacia del apoyo a la infancia.

También se reclama el incremento de los recursos destinados al Tercer Sector a través de una convocatoria extraordinaria de subvenciones para el "fortalecimiento" de políticas de inclusión social orientada a programas de integración laboral de las personas en riesgo de exclusión social y de lucha contra la pobreza, y el complemento de los recursos autonómicos destinados a rentas mínimas garantizadas.

DACIÓN EN PAGO

Finalmente, se insta al Ejecutivo central a promover un cambio de la legislación hipotecaria para que las familias "puedan hacer frente al pago de su deuda", mediante la dación en pago o la regulación de medidas para la concesión de préstamos hipotecarios que impidan "las actuales prácticas abusivas", a la vez que se paralicen "todos los procesos de desahucio que afecten a la vivienda habitual en casos de insolvencia sobrevenida hasta que se materialice la entrada en vigor de la nueva ley".

Juan José Zancada se ha mostrado comprensivo con las decisiones tomadas por distintos alcaldes --como la socialista de Medina del Campo, Teresa López-- para que la Policía Local no participe en los desalojos, a diferencia de otros líderes de su partido, como el secretario regional del PSOE, Julio Villarrubia, quien consideró "terreno movedizo" dichas actuaciones mientras no se modificara la Ley Hipotecaria.

Asimismo, el portavoz ha reconocido que hasta ahora los políticos no han estado "a la altura" y ha pedido "disculpas" por "no haber dado una respuesta ágil", si bien ha abogado por "dar soluciones" aunque "lleguen tarde", pues "el problema va a más y más vale tarde que nunca".

Según los ofrecidos por el PSOE del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde 2007 se han producido 3.200 ejecuciones hipotecarias, 327 de ellas en las que va de año.