PSOE pide a PP un procedimiento de urgencia para que la Renta Garantizada de Ciudadanía pueda cobrarse seis meses antes

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León solicitó hoy al Grupo Popular que el procedimiento de aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía sea de "urgencia" para que los destinatarios de este "derecho" reciban las percepciones no más tarde de noviembre de este año y no en abril de 2011, según los plazos que marcan el proceso legal.

El Grupo Socialista presentó hoy 54 enmiendas al Proyecto de Ley de la Renta Básica de Ciudadanía con el fin de "mejorar" una propuesta surgida en el seno del Diálogo Social y que cuenta con el aval de los agentes económicos y sociales, según señaló la portavoz socialista en las Cortes, Ana Redondo.

Con ese objetivo y dado que, a su juicio, se trata de "uno de los proyectos más importantes de la legislatura", los socialistas sugirieron al PP que imprima mayor velocidad ante la "plena situación de crisis" y agilice el retraso de un año acumulado desde que los 'populares' comprometieran la entrada en vigor de la ley. "Nosotros estamos dispuestos a trabajar cuanto sea y cuando sea", expresó el procurador socialista Francisco Ramos.

Según reconoció, el PSOE teme que el PP "juegue" con los plazos con el propósito de que la Renta se ponga en marcha en abril de 2011, "coincidiendo con la campaña electoral", lo cual fue criticado repetidamente por el procurador. "Es inadmisible que juegue así con las necesidades de la gente", espetó Ramos, quien indicó que el borrador del decreto debería estar ya encima de la mesa para su debate y para poder así estar listo como máximo en un periodo de mes.

"La Junta ya ha tenido tiempo para trabajar en sucesivos borradores, lo serio es que en la mesa de debate del proyecto de ley estuviera ya el borrador", insistió.

DOBLE DERECHO

Los socialistas defendieron asimismo que la Renta Garantizada de Ciudadanía sea definida como un "doble derecho" que garantice la vida digna y la inserción laboral y que se diferencie del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) como prestación. "El espíritu de las enmiendas no es otro que responder al espíritu y la literalidad del Estatuto", añadió Ramos.

Se trata, según expresó, de que se concrete en dos prestaciones económicas para garantizar "lo mínimo para sobrevivir" y las políticas activas para ayudar a que las personas se incorporen al sistema de trabajo, con la colaboración para ello de todos, incluidas las organizaciones sociales sin ánimo de lucro.

Para los socialistas, la Renta y la inserción laboral que ésta debe conllevar es un "proyecto de interés regional" y por ello, en sus enmiendas recogieron la necesidad de crear un Plan de Inserción Social de Castilla y León que contemple las políticas activas de empleo y cómo se va a repartir el trabajo entre administraciones, sindicatos y resto de entidades.

Además, propusieron crear un instrumento informático común a todas las provincias de la Comunidad que muestre las especificidades del mercado de trabajo y permita dar un trato "igualitario" a todos.

Entre otros aspectos, apostaron asimismo por la universalidad de la ley --de modo que no haya restricciones a los menores de 64 años y aquello que cobren otras prestaciones sin éstas no son incompatibles-- y pidieron a la Junta que dote de ayudas sociales para complementar las pensiones no contributivas hasta el nivel de la Renta Garantizada de Ciudadanía.