Quintana aboga por medidas para el "cumplimiento forzoso" de las resoluciones de los órganos de transparencia

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado de la Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, ha sugerido que entre las posibles modificaciones a introducir en futuras reformas de las leyes de transparencia tanto estatal como autonómica "sería deseable" incluir alguna medida que permita el "cumplimiento forzoso" de las resoluciones de estos órganos.

Este es uno de los mensajes que ha trasladado el también Procurador del Común en su comparecencia este martes en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común para presentar la Memoria del Comisionado de la Transparencia correspondiente al año 2024.

Quintana ha cifrado en un 69 por ciento el grado de cumplimiento de las resoluciones estimatorias adoptadas en 2024 y ha informado de que el pasado año se interpusieron dos recursos judiciales frente a resoluciones de la Comisión de Transparencia, si bien ha destacado el "bajo nivel de litigiosidad" que generan las resoluciones de la Comisión.

En este sentido ha recordado que las resoluciones de la Comisión son vinculantes "y deberían poder llevarse a efecto de manera forzosa frente a la falta de cumplimiento voluntario por parte de los entes públicos" si bien ha reconocido que frente al incumplimiento no pueden hacer uso de otro recurso que no sea la publicación de la falta de cumplimiento en la página electrónica y hacerlo constar también en la Memoria.

El Comisionado de la Transparencia ha recordado por otro lado que se han cumplido diez años desde la aprobación de las leyes de transparencia estatal y autonómica y ha constatado que se ha producido una transformación, "aun lenta y todavía no completa", de los hábitos de las instituciones públicas en lo la transparencia de sus actuaciones.

"Ahora, más que antes y seguramente menos que en el futuro, los ciudadanos podemos conocer cómo emplean los poderes públicos los recursos humanos y económicos de que disponen y, en general, cómo desarrollan su actividad en orden a la satisfacción del interés general", ha aseverado en su comparecencia.

La novena Memoria anual del Comisionado de Transparencia ha analizado la aplicación de las leyes de transparencia por parte de los entes que integran el sector público autonómico, de las entidades locales y de las corporaciones de derecho público de Castilla y León, una evaluación del cumplimiento de la legislación de transparencia que, según ha aclarado, no realiza el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado, ni otro órgano estatal o autonómico.

Como conclusión general sobre la publicación de información asevera que las administraciones y entidades públicas de mayor tamaño han incrementado el nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, especialmente en el aspecto cuantitativo, mientras que aspectos como la claridad de la información a través de la mayor utilización de información gráfica, su actualización mediante sistemas automáticos, el uso de formatos reutilizables y el acceso por personas con discapacidad, presentan "un importante margen de mejora".

"Se publica más información, sin que ello implique necesariamente que la actividad pública sea más transparente debido a la, en ocasiones, falta de claridad de la información publicada y difícil compresión de esta por los ciudadanos", ha sentenciado el Comisionado.

Quintana ha informado de que el pasado año se alcanzó el mayor porcentaje de cuestionarios recibidos desde que el Comisionado elabora la Memoria y ha destacado que ocho de cada diez sujetos que han sido requeridos han colaborado en la elaboración de la Memoria, entre ellas todas las entidades del sector público autonómico, excepto la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, y 45 de los 61 ayuntamientos de más 5.000 habitantes.

Respecto al Portal de Gobierno Abierto de la Junta, ha constatado un "alto grado de cumplimiento" de las exigencias legales y que se han seguido las recomendaciones de otros años, si bien ha insistido en la mejora de la actualización de los datos estadísticos sobre el volumen presupuestario de contratación y de las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas, por un lado, y en la necesidad de actuar de forma proactiva para publicar la información de las organizaciones del tercer sector en los términos señalados en la Ley de Transparencia de Castilla y León, por otro.

De las entidades del sector público autonómico, entre las fundaciones públicas destacan por su grado de cumplimiento las Fundaciones Siglo para el Turismo y las Artes, Hemoterapia y Hemodonación, Universidades y Enseñanzas Superiores y la Fundación Santa Bárbara si bien aboga por introducir mejoras para posibilitar la reutilización de la información y el acceso a ella por personas con discapacidad.

En cuanto a las universidades públicas ha constatado también un "alto grado de cumplimiento" de las obligaciones de publicidad activa y ha destacado las medidas implantadas para la visualización de los datos de transparencia económico-financiera, "lo que facilita notablemente la comprensión de esta información", ha reconocido.

Dicho esto, ve conveniente mejorar la visibilidad del portal de transparencia dentro de sus páginas web y la reutilización de la información para ofrecer otras alternativas al formato PDF en más ámbitos. También aconseja facilitar el acceso de los contenidos publicados a las personas con discapacidad.

En cuanto a las entidades integrantes de la administración local ha constatado una "doble realidad" en la que las diputaciones provinciales, ayuntamientos capitales de provincia y otros con una población cuantitativamente relevante cumplen la normativa aplicable, en especial desde el punto de vista de los contenidos que han de ser publicados.

Por el contrario, ha lamentado, en la mayoría de las entidades locales de la Comunidad --ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y entidades locales menores-- la observancia de las obligaciones legales de publicar información es "muy baja" en la mayor parte de los casos, lo que atribuye a la escasez o carencia de medios para dar cumplimiento a las exigencias legales.

"Doble realidad, cuya superación entendemos que solo se puede conseguir mediante medidas normativas específicas y con el apoyo real a los pequeños municipios y entidades locales menores por parte de otras administraciones, particularmente, las diputaciones provinciales y Consejo Comarcal de El Bierzo, así como por la Administración autonómica", explica en la Memoria.

En el caso concreto de las diputaciones provinciales observa en términos generales un "alto nivel" de observancia de sus obligaciones de publicidad activa y ve recomendable que se incremente en los portales de transparencia la información en formato gráfico, en especial respecto a la información económica y presupuestaria para ofrecer una mayor claridad.

La Memoria añade que tampoco se ha avanzado en 2024 respecto a la accesibilidad de la información para personas con discapacidad, "puesto que son todavía muchos los contenidos publicados que no se encuentran disponibles en formatos accesibles para esta parte de la ciudadanía" y defiende que las instituciones provinciales tienen que seguir realizando "los esfuerzos necesarios" para que la información publicada lo sea en formato reutilizable.