Rafael Delgado 'dispara' contra el fallecido Villanueva como quien realmente "repartía el bacalao" eólico

VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La esperada declaración del principal inculpado en la 'trama eólica', el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, ha servido para que el encausado 'disparara' contra su entonces jefe, el fallecido Tomás Villanueva, al considerarle como quien realmente "repartía el bacalao" a la hora de tramitar los parques eólicos en Castilla y León y de quien partió la idea de instaurar la polémica avocación que centralizaba en la Consejería del ramo la facultad de autorizar los proyectos, siempre y cuando los promotores dieran entrada en su accionariado a socios locales.

Aunque distintos testigos a lo lardo del proceso que se sigue en la Audiencia de Valladolid desde septiembre han asegurado que era Delgado quien "repartía el bacalao", el aludido, que se enfrenta a 42 años de cárcel y al pago de 239 millones de multa, ha traspasado el calificativo a Villanueva, cuyo nombre en ningún momento ha citado y al que siempre se ha referido como "el consejero", al que ha atribuido la instrucción de 2004 para que las autorizaciones de los parques eólicos se centralizaran en el Ente Regional de la Energía (EREN), arrebatando así tal facultad que el decreto de 1997 confería a los jefes de Industria en las nueve provincias y que, según el Fiscal Anticorrupción, supone una "ilegalidad manifiesta".

"Es cierto que testigos me han atribuido esa frase pero, al mismo tiempo, también han dicho que luego se entrevistaban con el consejero para resolver el tema de sus parques, con lo que parece algo contradictorio que yo fuera quien cortaba el bacalao", ha matizado el exviceconsejero de Economía.

El encausado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha justificado la figura de la avocación en el hecho de que el consejero se enfrentaba por aquellas fechas a solicitudes en el sector eólico con una potencia global de 70.000 megavatios, cifra que "no cabía en Castilla y León", y que por ello su jefe llegó a un acuerdo con Red Eléctrica Española, a instancias de esta última, al objeto de coordinar a través de un centro directivo, en este caso el EREN, toda la tramitación, comprometiéndose Villanueva a acompasar las autorizaciones al ritmo que por potencias, nudo de evacuación y anualidades había establecido REE hasta diciembre de 2010.

"Se decidió favorecer la entrada de socios locales en el sector eólico y otros a través de las grandes eléctricas, no solo Iberdrola", ha asegurado el acusado, quien a lo largo de su declaración se ha limitado a invocar la 'obediencia debida' al indicar que durante periodo investigado actuó en todo momento siguiendo órdenes del máximo responsable de la Consejería de Economía. "El que mandaba era él, aunque sea una obviedad", ha zanjado, para acto seguido apuntar que el propio Villanueva, en una reunión en 2004 con Industrias San Cayetano, acordó asignar a dicha mercantil 500 megavatios, los mismos que recibió la sociedad vehículo Energía Global Castellana creada con Biovent, filial de Iberdrola.

Pese a que el exdirector general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, apuntó en una sesión anterior que fue Rafael Delgado quien avocaba los parques y elaboró unos listados con los promotores cuyos proyectos había que agilizar, en detrimento de aquellos que no daban cabida en su accionariado a socios locales, elegidos además 'ad hoc' por el viceconsejero, Delgado ha negado ambos extremos, así como la paralización administrativa que el primero le imputa respecto de las iniciativas de aquellos empresarios que se negaban a incorporar 'partners' de Castilla y León.

"El señor Mantero dice eso porque, evidentemente, está protegiendo al consejero, que era su jefe", ha manifestado Delgado para justificar la incriminación del exresponsable del EREN, al tiempo que ha ido negando, proyecto por proyecto, la paralización de autorizaciones sufridas por, entre otros, Canon Power, IDER, Hidronorte Generación, Ibervento y Altos del Rasero, y ello a pesar de que, como así ha puntualizado el Fiscal Anticorrupción, en algunos de estos casos el 'desatasco' de las autorizaciones coincidió precisamente poco después de que los administradores de dichas sociedades vendieran sus acciones a otras que se les había impuesto.

En el caso de Ibervento, cuyo administrador llegó a denunciar en el juicio que Delgado le anunció personalmente que sus proyectos no tenían futuro con un socio alemán, pues de autorizarlos, como así dijo, "le cortarían la cabeza", el aludido ha negado tal comentario pero sí ha respondido que "la razón fundamental" obedecía a que dicha sociedad, como así advirtió el consejero, carecía de capacidad económico-financiera para desarrollar aquellos proyectos.

"¡CASUALIDAD O CAUSALIDAD?"

"Fue casualidad o causalidad", ha interpelado el acusador público al principal inculpado en la presunta trama eólica sobre esa agilización administrativa que llegaba, de forma sospechosa, justo a partir de la venta de acciones entre el promotor inicial y el impuesto.

Durante su toma de declaración, Delgado también ha sido preguntado por sus sociedades, Samuño Activos y Delgado Núñez Consulting, pero sobre todo por distintas operaciones inmobiliarias por las que adquirió viviendas en Simancas y Comillas por importe de 330.000 y 250.000 euros, adquiridas a otros de los encausados, y un BMW por 55.000 euros, todo ello entre los años 2005 y 2006, en un intento del Fiscal Anticorrupción por tratar de mostrar el elevado tren de vida que llevaba como consecuencia, presuntamente, de las dádivas recibidas por su intervención en la trama eólica.

Sin embargo, el acusado ha explicado que por aquellas fechas él y su esposa, administrativa de la Junta, percibían por su trabajo a razón de 60.000 y 35.000 euros, respectivamente, y que la adquisición de los inmuebles y del vehículo se hizo con préstamos bancarios que afrontó con su sueldo y con unos ahorros que había guardado en una caja fuerte en su piso donde, desde la mayoría de edad, entre 1982 y 1998, había ido nutriendo con dinero procedente de una explotación agrícola y ganadera de sus padres. "El dinero en la caja era porque no confiaba en los bancos y no quería aflorar ese dinero por miedo a perderlo", ha justificado, quien ha añadido que para hacer los pagos tuvo que acudir a un despacho de abogados para, con el pago de la correspondiente comisión, transformar las pesetas en euros.

Delgado también ha tenido que responder sobre su relación con otras de las personas que figuran también en la causa, como Albergo Esgueva, de San Cayetano Wind, con quien coincidió entre 2003 y 2007 cuando el primero ocupaba el puesto de presidente del Consejo de Administración de ADE Internacional Excal y el segundo consejero delegado, así como con Andrés Martín de Paz, director general de Educación cuando, entre 1999 y 2003, el acusado era secretario general, con los que, como así ha precisado, tuvo un trato "estrictamente profesional" y de los que se ha desmarcado respecto de los negocios en el sector eólico que estas dos personas realizaron con Iberdrola.

Sobre su relación con su supuesto testaferro y también acusado, el abogado Jesús Rodríguez Recio, el exalto cargo de la Junta ha mantenido que estudiaron juntos y que cuando dejó la Junta de Castilla y León en 2011 retomó con él la relación para emprender una actividad profesional en la que su amigo contaba con la financiación necesaria. "Tenía que ganarme la vida", ha indicado Delgado para justificar la asociación con Recio y las distintas operaciones que figuran también bajo la lupa de este proceso judicial.

"Voy a dejar el balón votando para que lo retome mañana el que siga con el interrogatorio", ha indicado el acusador público para, acto seguido, dejar en el aire la siguiente pregunta: "¿Todo el dinero que percibió y luego gastó procedente de Trough Trade y otras sociedades con Recio tenían por finalidad eludir que usted tributara a Hacienda por sus verdaderos ingresos?"