VALLADOLID 17 May. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y el consejero de Fomento, Antonio Silván, han dado a conocer un escrito, como vicepresidentes de la Sociedad Alta Velocidad, para recalcar que la "única razón" de la "paralización" de las obras del soterramiento es el parón en las del desvío de mercancías y la reducción en "61 millones de euros" de las partidas previstas por el Gobierno en Presupuestos Generales del Estado.
Como refleja el comunicado, recogido por Europa Press y elaborado para responder a la visita a Valladolid del ministro de Fomento, José Blanco, el regidor y el consejero subrayan que la situación actual es "consecuencia del recorte de las inversiones públicas de 6.400 millones de euros" anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el 12 de mayo de 2010.
Esta paralización, que a juicio de León de la Riva y Silván, también afectó a otras importantes infraestructuras de Valladolid capital supuso, en el caso concreto de las obras en marcha del desvío ferroviario, siempre según datos aportados por los dirigentes 'populares' la "desaparición" en los Presupuestos Generales del Estado de 44 millones para el año 2010 y 17,5 millones para el año 2011, que figuraban así en desgloses plurianuales de años precedentes.
Según el texto, estas inversiones habrían permitido finalizar la obra en el año 2012. Sin embargo, en el año 2011 la partida es de 440.000 euros, en 2012, un millón, y 2 millones en 2013, con la previsión de que estén terminadas en 2015.
Para evitar este retraso de tres años, el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta velocidad 2003, como han recordado, decidió en de enero de 2011, suscribir un crédito con un grupo de entidades de financieras, por importe de 400 millones de euros, con el fin de adelantar al Ministerio de Fomento el importe de las obras pendientes en las actuaciones en marcha, así como para ejecutar el Nuevo Complejo Ferroviario para poder liberar los terrenos ocupados por los talleres actuales.
De hecho, en lo que respecta al desvío ferroviario, la Sociedad adelantará al Ministerio 54,9 millones de euros, correspondientes a las estimaciones de coste de las obras "estrictamente necesarias" para el funcionamiento de la variante en todo el tramo de acceso al Complejo Ferroviario desde el nudo norte, "imprescindible para la puesta en marcha de la plena actividad de los talleres de Renfe ubicados en dicho Complejo".
Además, han recordado que si se modifica el modelo de ejecución de obra, tal y como ha propuesto el candidato socialista a la Alcaldía de Valladolid, Óscar Puente, habría que hacer un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, pues el actual "establece la utilización de tuneladora". Este trámite supondría, según los cálculos de ambos representantes, un plazo de dos a tres años "siendo optimistas".
"CUATRO Ó CINCO" AÑOS MÁS
A ello suman un nuevo proyecto básico y de construcción con la nueva solución, en un plazo "mínimo" de 2 años, con lo que se acumularía un retraso de otros cuatro ó cinco años. Asimismo, han apuntado que si se ejecuta el túnel desde Pilarica hasta Campo Grande aún, "no se permitiría la desaparición de las vías en superficie hasta que el túnel se acabara en su totalidad, lo que conllevaría situaciones provisionales complicadas y un gran encarecimiento de la obra".
De hecho, han aseverado que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ya planteó soluciones técnicas para reducir los costes durante 2010 y, así, de un presupuesto inicial de 293,4 millones de euros, se ha dejado en 230,2 millones.
Por último, han recordado que en una propuesta del Ayuntamiento apoyada por el PSOE en septiembre de 2008, se pedía que se alargara el soterramiento hasta la ronda exterior sur y en ella se señalaba que "la solución deber ser ejecutada con tuneladora, tiene que ser idéntica en toda la ciudad por ser la que garantiza la mayor permeabilidad".
También han recordado que las condiciones actuales en las que está planteado el inicio del soterramiento fueron firmadas con el acuerdo de las instituciones que forman parte de la Sociedad, como el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Renfe, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento, Sindicatos, empresarios y los bancos y cajas con los que se ha firmado el crédito de 400 millones de euros.