VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León analizarán la sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado la Ciudad del Medio Ambiente de Soria ejecutada por el Gobierno autonómico.
Así lo han asegurado a la agencia Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, que han aclarado que se acaba de conocer la notificación del Tribunal Constitucional, si bien han trasladado todo su respeto a la sentencia.
La Junta se ha pronunciado así tras conocer la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional, que ha estimado el recurso de presentado en 2007 por el PSOE contra el proyecto regional de la Ciudad del Medio Ambiente, por lo que declara su inconstitucionalidad y nulidad, según informaron a Europa Press fuentes del Alto tribunal.
El recurso fue presentado con la firma de 50 senadores para conseguir la revisión de la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente, aprobada en el último pleno de las Cortes de la Legislatura 2003-2007.
El Alto tribunal ha concluido que la Ley que declaró este proyecto como de interés regional no es "razonable ni proporcionada", dos aspectos que serían necesarios para justificar su singularidad, que justificaría, al mismo tiempo la modificación por parte de una Ley de carácter regional de normativas urbanísticas. Además, se asevera que el sistema elegido "impidió el acceso al control judicial" de los derechos e intereses legítimos afectados.
En este sentido, el TC recuerda que el proyecto regional no autoriza no sólo autoriza una obra o infraestructura "más o menos compleja, como era el caso", sino que además "planifica la ejecución de una actuación urbanística, pues contiene las determinaciones de los planes urbanísticos".
De hecho, los magistrados que componen el Pleno han incidido en que, durante el debate parlamentario en las Cortes regionales "se puso de manifiesto" que la actuación urbanística a desarrollar para la Ciudad del Medio Ambiente suponía problemas "en relación con la clasificación como urbanizable de un suelo hasta entonces no calificado como tal" y con el "incremento de la población en el municipio de Garray", cifrada en 4.000 personas.
