Exigen a Lucas cumplir la LOSU y equiparar salarios del personal laboral y titular de universidad

Convocan una concentración el día 5 de mayo ante la Consejería de Educación para denunciar la "infrafinanciación" que padecen las cuatro universidades públicas de Castilla y León

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en las cuatro universidades públicas de Castilla y León están en pie de guerra con motivo de la "grave discriminación" que sufren Profesores Permanentes Laborales (PPL) y Contratados Doctores (PCD) con respecto a los emolumentos que percibe el Personal Titular Universitario (PTU), de ahí que hayan convocado una concentración ante las puertas de la Consejería de Educación para el próximo día 5 de mayo con el fin de exigir a la responsable de dicho departamento, Rocío Lucas, una equiparación salarial entre las citadas categorías laborales y el personal funcionario.

Los convocantes de la movilización, UGT, CCOO, CSIF y STECyL, ponen como ejemplo que un Profesor Ayudante Doctor (PAD) y un Profesor Permanente Laboral (PPL) cobran el 80,7 y el 88,5 por ciento de lo que percibe el Personal Titular Universitario (PTU), respectivamente, con la salvedad de que esas categorías de laborales "discriminadas" en Castilla y León con respecto al personal funcionario sufren, además, una doble discriminación ya que sus salarios están "a la cola" si se comparan sus retribuciones con las de sus homólogos en el resto de comunidades autónomas.

"Contamos con Personal Titular Universitario, es decir, catedráticos y titulares de universidad, que son funcionarios y cuyas retribuciones dependen de lo que dicte el Gobierno, y por otro lado personal laboral. Pues bien, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) intenta equiparar la figura más alta dentro del personal laboral, que son el Permanente Laboral (PPL) y el Contratado Doctor (PCD), con la del titular de universidad, que es la más baja del funcionariado a nivel estatal", resume Roberto Fernández, de CSIF, quien por ello insiste en que las organizaciones sindicales en Castilla y León demandan a la Junta una equiparación real entre personal laboral y personal titular.

Sin embargo, el problema es que, según los sindicatos, "la Junta no ha hecho el desarrollo normativo de la LOSU y no ha establecido una financiación mínima", concreta Cristina Fulcones, de STECyL, de ahí el mensaje dirigido a la consejera del ramo para que solvente esta situación a través de marcos estables de negociación y se elabore un programa plurianual que, de forma coordinada con las universidades, asegura una financiación justa y suficiente, ya que, de lo contrario, se está poniendo en peligro la calidad y excelencia del sistema universitario.

En ese objetivo, los sindicatos, a través de José Antonio Alegre, de CCOO, también demandan a la Junta la modificación de la Ley de Universidades de Castilla y León, aprobada en 2003 y reformada por última vez en 2017, para adaptarse a la Ley Orgánica (LOSU), pues, como así advierte Beatriz García, de UGT, de ello dependen más de 11.000 personas trabajadoras, entre Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y Personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas de la Comunidad.

Entre otras medidas, los sindicatos consideran urgente la modificación del Decreto 67/2013, de 17 de octubre, por el que se desarrolla la regulación del régimen del PDI contratado en las universidades públicas de Castilla y León, y ello para poder dar una garantía jurídica a las nuevas figuras de PDI Laboral y dar cumplimiento a lo que se establece en la nueva ley, pero también ven imprescindible modificar el Decreto 132/2002, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los complementos retributivos autonómicos para el PDI.

En este sentido, Roberto Fernández, de CSIF, denuncia que dichos complementos permanecen sin cambios desde hace 22 años, convirtiéndoles a día de hoy en obsoletos. "Deben incrementar su cuantía y revisarse en función del artículo 76.2 de la LOSU donde recoge entre las funciones a las que se pueden vincular las retribuciones adicionales las de transferencia e intercambio del conocimiento e innovación, que no están incluidas en este Decreto.

"NEGOCIACIÓN COLECTIVA BLOQUEADA"

A su vez, denuncian el "bloqueo" desde hace diez y quince años de la negociación colectiva del personal laboral (PDI y PTGAS), respectivamente, de las universidades públicas de Castilla y León al encontrarse los convenios en situación de ultraactividad (prórroga), sin que se haya producido ningún avance en su negociación.

"Estamos ante una regulación obsoleta que no recoge las condiciones de trabajo, los derechos y los deberes de cerca de 6.500 personas. Están bloqueados por parte de las universidades con el argumento de que no tienen recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades de las universidades en materia de personal, ni tan siquiera a las que obliga la LOSU", critica el representante de CSIF.

Por ello, exigen de la Junta de Castilla y León, como han hecho otras universidades españolas, que habilite una partida específica para poder financiar la mejora de las condiciones del personal laboral y poder así garantizarle unas condiciones dignas y suficientes, así como un Diálogo Social "que esta Consejería ha perdido", censura Cristina Fulcones, de STECyL, quien añade que la Junta no ha autorizado las plazas pactadas entre las universidades y las organizaciones sindicales de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Octava de la LOSU.

Esta decisión de la Administración autonómica, advierte la representante de STECyL, implica que estas plazas únicamente se podrán convocar consumiendo tasa de reposición, lo que reducirá la oferta de empleo público en las universidades dificultando la estabilización de empleo que establece la LOSU y perjudicando al profesorado más vulnerable.