Cabeza de corzo y otras herramientas localizadas por los agentes - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA
SORIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Soria sorprendieron el pasado 28 de abril a dos vecinos de la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe, y con antecedentes penales, tratando de recoger una pieza de jabalí macho que habían abatido la noche anterior.
Así, Agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria (PACPRONA) han investigado a dos varones como supuestos autores de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna, por, presuntamente, cazar un jabalí macho sin ningún tipo de autorización.
Ante el incremento de los hechos de caza furtiva en las comarcas de San Leonardo de Yagüe y el Burgo de Osma, desde la Guardia Civil se llevaba meses realizando en la zona diferentes dispositivos antifurtivismo, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.
Así, en el coto de caza de la localidad de Vadillo (Soria), estas dos personas fueron sorprendidas por los agentes del SEPRONA. Los agentes investigaron penalmente a los citados furtivos, los cuales cuentan con numerosos antecedentes penales, tanto por temas de caza furtiva como por otros delitos.
Las correspondientes diligencias penales fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de El Burgo de Osma y a Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria.
REINCIDENTES
Días después de estos hechos, una de las personas investigadas fue interceptada junto con otras cuatro personas cuando transportaban en el vehículo de su propiedad una cabeza de corzo macho sin precintar, decomisándoles el citado trofeo de caza, así como un rifle y numeroso material específico para la caza.
Estas personas fueron denunciadas ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente por varias infracciones administrativas a la normativa sobre caza.
Este tipo de delito está castigado en nuestro Código Penal con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar por tiempo de dos a cinco años.
En cuanto a las infracciones administrativas, se enfrentan a infracciones graves a la Ley de caza de Castilla y León, cuyas multas van de desde los 2.000 euros a los 10.000 euros, con la posibilidad incluso de la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre uno y tres años.