VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado este martes que las oficinas de información 'antiocupación', implantadas hace algo menos de un año, han atendido "6.500 consultas en vía telemática" y 170 de tipo presencial "o telefónico" en las oficinas.
Así lo ha apuntado Suárez-Quiñones en declaraciones a los medios de comunicación antes de la celebración de la jornada sobre la Ley por el Derecho a la Vivienda que han organizado las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León en la sede de la Consejería de Medio Ambiente.
El consejero ha considerado que la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada hace un año, "nació con mucha polémica" sobre todo debido a la "posible invasión de competencias de las comunidades autónomas" y así se presentaron ocho recurso de inconstitucionalidad ante la presunta intromisión del texto en una competencia, la de vivienda, que muchas de las autonomías consideran que está regulada en la Constitución.
Además, ante las preguntas de los medios de comunicación sobre una situación de ocupación de una vivienda en Mojados (Valladolid), que ha provocado que varios de los vecinos de la zona solicitaran los servicios de una empresa de 'desocupación', Suárez-Quiñones ha mencionado el papel que podrían tener las oficinas 'antiocupación' en esos casos.
Según Suárez-Quiñones, las oficinas implantadas en Castilla y León son "fundamentalmente de información para la prevención de la ocupación", para que "conozca de antemano qué tiene que hacer para evitarlo". Eso sí, una vez se produce el alojamiento irregular, la situación entra en el "ámbito jurídico" y "el propietario debe acreditar las pero una vez el alojamiento ilegal se produce".
Esas informaciones han dado lugar, según el consejero, a "prácticamente 6.500 consultas en vía telemática y 170 presenciales en las oficinas o telefónicas".
El hecho de que haya "un caso de ocupación que sea noticia", a juicio de Suárez-Quiñones, es "preocupante para el propietario", pero no en el conjunto de la comunidad en general pues considera que "el fenómeno en Castilla y León es limitado y desde luego algún efecto habrá tenido la información que se ha dado a través de este nuevo sistema".
De vuelta a la Ley de la Vivienda, Suárez-Quiñones ha incidido en esa "polémica" y la ha definido como "intervencionista y desincentivador del mercado de la vivienda y especialmente del mercado del alquiler", además de mencionar su "politización" y "la polémica de la falta de comunicación con las comunidades autónomas" para regularla.
En la jornada, ha precisado Suárez-Quiñones, se analiza cuales han sido las consecuencias de esta norma del Gobierno dirigido por Pedro Sánchez en el mercado del alquiler, "si ha conseguido su objetivo o no, que era incrementar dicho mercado del alquiler", o si "las políticas más adecuadas son las contrarias", como considera la incentivación fiscal y la seguridad jurídica.
Así, ha recordado también que la ley "dificultaba o alargaba los plazos para poder recuperar la posesión de la vivienda por parte del propietario que veía su vivienda ocupada".
En lo que va de año, ha añadido la aplicación de la Ley en la comunidad ha sido inexistente, según afirma el consejero, y en el caso de Castilla y León el mercado del alquiler "sigue estando presidido por las actuaciones de la Junta de Castilla y León", que promueve la construcción de nuevas viviendas con este destino, o con la "actualización de los precios de alquiler".
Por su parte, el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad, Ángel Merino, ha señalado que este ley "complica muchos las inversiones de la gente" y entiende que el sector necesita "dar ánimos" y que "todo se normalice" para que pueda haber una mayor inversión en vivienda y no se dé el problema de "escasez" que considera que se actualmente, sobre todo en el caso de los arrendamientos.
En la jornada, que se ha desarrollado desde primera hora de la mañana en el salón de actos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, han intervenido, además de Suárez-Quiñones y Merino, expertos legales y universitarios y representantes de las cámaras de la propiedad de Castilla y León o Barcelona, entre otras.
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