El Supremo inadmite recurso del Ayuntamiento de Valladolid y confirma la nulidad del puesto del director de Coordinación

   VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valladolid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anuló la creación del puesto denominado director de Coordinación de Políticas Públicas y que los partidos de la oposición municipal conocen como "alcalde B".

   En una providencia con fecha de este miércoles, 4 de febrero, trasladada a los medios de comunicación por el Grupo Municipal Socialista, la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, acuerda la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por la representación procesal del Consistorio dirigido por Jesús Julio Carnero.

   Como subraya la providencia, contra la resolución no cabe recurso alguno, por lo que el Grupo Municipal Socialista recalca que ya "es firme" el pronunciamiento del TSJCyL que anuló el nombramiento y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que lo sustentaba, ya que consideraba que para la creación del puesto debería haberse modificado el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento.

   Cabe recordar que la resolución inicial del TSJCyL respondía a un recurso interpuesto por el propio Grupo Municipal Socialista.

   La providencia del Supremo concluye que el Ayuntamiento no ha fundamentado "de forma suficiente" la concurrencia del interés casacional objetivo exigido y señala que "aun no habiendo jurisprudencia sobre la cuestión planteada, los términos de las normas que señala como infringidos son tan claros que no hace falta jurisprudencia que los interprete".

   En la resolución se imponen las costas procesales a la parte recurrente --el Ayuntamiento-- con un límite máximo de 2.000 euros, más el IVA si procediera, a favor de la parte recurrida personada y opuesta a la admisión.

   La sentencia recurrida del TSJCyL ya había anulado la creación de este órgano directivo por haber sido incorporado a la Relación de Puestos de Trabajo sin que previamente el Pleno modificara el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento para introducirlo en la organización municipal.

   La plaza fue creada por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del 21 de agosto de 2023, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 1 de septiembre de 2023. En octubre de ese año se dio por concluido el proceso por parte del equipo de Gobierno con la adjudicación del puesto a Indalecio Escudero, quien ya había trabajado junto a Jesús Julio Carnero tanto en la Diputación de Valladolid como en la Junta de Castilla y León.

   La sentencia del TSJCyL, tras el recurso presentado por el PSOE, se conoció en diciembre de 2024 y el Ayuntamiento aprobó en febrero de 2025 una modificación puntual de su Reglamento Orgánico, que data de 1996, para dar "cobertura normativa y seguridad jurídica" a la plaza de coordinador de Políticas Públicas.

   En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha subrayado que este nuevo revés judicial en el asunto del "alcalde B" confirma que la creación del puesto es "una cacicada del alcalde que solo responde a su interés particular para dotarse de una persona de su confianza para cubrir su ausencia mientras está en el Senado".

   A juicio del PSOE, "no se trató de una necesidad organizativa acreditada ni de una figura prevista en el Reglamento Orgánico, sino de un puesto diseñado a medida para sostener una estructura política paralela, al margen del control democrático y de la normativa aplicable", como explica el portavoz del Grupo Municipal Socialista Pedro Herrero antes de recordar que "además de ser ilegal, este puesto tiene un coste muy elevado para las arcas públicas: 627.048 euros a lo largo del mandato, esto es, 156.762 euros anuales" --cantidad en la que se incluye tanto el salario del director de Coordinación como de un puesto de secretario adjunto al mismo--.

   El PSOE reprocha que pese a ese coste Carnero "se ha negado reiteradamente a rendir cuentas sobre la utilidad real de la plaza".

   Además, recuerdan que "sigue judicializado y pendiente de resolución" lo que el PSOE consideró como un veto del alcalde cuando trató en dos ocasiones en el Pleno municipal que se debatieran iniciativas relativas a exigir explicaciones sobre el trabajo del "alcalde B".