VALLADOLID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Valladolid se vio hoy obligada a suspender, por segunda vez, el juicio previsto contra el empresario José María F.A, responsable de una empresa de tapicerías de la capital al que se acusa de un delito continuado de apropiación indebida cometido en marzo de 1999 cuando le fueron ingresados por error en su cuenta bancaria 12.000 euros y, presuntamente, utilizó parte del dinero para realizar distintos pagos propios de su actividad empresarial.
La suspensión del juicio, cuya nueva fecha ha quedado fijada para el día 29 de este mes, se produjo con motivo de la incomparecencia del acusado, quien el día anterior aportó un certificado de baja con motivo del accidente que, según asegura, sufrió cuando trabajaba con un arco de soldadura que le causó quemaduras en los ojos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En su escrito de calificación provisional, la acusación pública solicita para el procesado una pena de tres años de prisión y que su empresa tapicera, en calidad de responsable civil subsidiaria, indemnice al Banco de Castilla en la cantidad de 11.204 euros. Dicha entidad bancaria, personada en la causa como acusación particular, solicita idéntica pena que el fiscal.
Los hechos tienen su origen en el mes de marzo de 1999 cuando el empresario, actuando en representación de su empresa, abrió una cuenta corriente en la sucursal que el Banco de Castilla tiene en el número 17 de la calle Santiago.
Por aquellas fechas, otra mujer, representante de la mercantil 'Huerta el Plantío S.A', abrió también cuenta corriente en la misma sucursal e hizo entrega de un cheque por importe de 12.000 euros a ingresar en dicha cuenta y contra otra abierta en el BBV.
Sin embargo, debido a un error cometido por una de las empleadas de la sucursal al teclear los dígitos de las cuentas en cuestión, el ingreso de los 12.000 euros se efectuó en la cuenta corriente del acusado. Este se percató del error y, pese a ello, dispuso de los fondos indebidamente ingresados para responder a pagos propios de su empresa de tapicerías.
Así, el 18 de marzo dispuso de 9.000 euros y el 22 de marzo de otros 2.168 euros, cantidades que aún no han sido reintegradas por el acusado al Banco de Castilla, pese a los requerimientos realizados por la entidad bancaria.
