SEGOVIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los taxistas segovianos manifestaron hoy su "indignación y firme rechazo" a la decisión del Ayuntamiento de obligarles a colocar un localizador GPS en sus vehículos porque, a su juicio, supone una vulneración de derechos fundamentales como el de intimidad de los profesionales y usuarios, además de ir en contradicción con lo recogido en la futura ley del Estatuto de los Trabajadores Autónomos, que entrará en vigor a mediados de octubre.
Los profesionales del taxi advirtieron hoy de que, en el supuesto de que el asunto no se resuelva por la vía administrativa o en su caso, no se alcance una solución negociada y "civilizada", se verán obligados a presentar un recurso ante los tribunales y poner en marcha un calendario de movilizaciones, sin descartar una huelga del servicio.
El Ayuntamiento de Segovia inició el pasado mes de agosto la apertura de expedientes sancionadores después de que, tras una inspección efectuada al colectivo, observara que ninguno de los vehículos que integran el servicio público, que prestan 52 profesionales, dispusiera de este localizador GPS, obligatorio tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento Municipal del Taxi, aprobado en abril de 2006 y contra el que los taxistas presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para lograr su nulidad.
Según el nuevo Reglamento Municipal, los taxistas podrían ser sancionados con multas de 401 a 2.000 euros por no contar con un localizador GPS en sus vehículos.
El abogado José Ignacio González Ochoa, que representa a 38 titulares de licencia, recalcó hoy que la obligación de colocar el GPS, que debe costear cada profesional, responde al propósito del Ayuntamiento de tener "localizados en cada momento" a cada uno de los taxistas.
Según dijo, el Gobierno municipal sólo quiere controlar que se cumplen otros puntos incluidos en el Reglamento, como el calendario de trabajo diseñado por el municipio para cada uno de los profesionales y que establece la obligación que tiene de trabajar al menos 2.220 horas al año como servicios mínimos y en unas paradas previamente determinadas, sin respetar el día libre semanal ni las vacaciones.
El colectivo considera una "excusa" el argumento municipal de que con el localizador se pretende potenciar la seguridad en el sector. "El taxista es un trabajador autónomo, capaz de gestionar su propia seguridad, ni necesita ningún papa protector para ello", aseguró González Ochoa.
Según el abogado de los taxistas, estos profesionales, como trabajadores autónomos que son, "no deben soportar una imposición de este calibre" y aseguró que la obligación de instalar el GPS vulnera la ley del estatuto de los trabajadores autónomos, que entrará en vigor a mediados de octubre, una norma de rango superior al Reglamento aprobado por el Ayuntamiento.
El letrado defensor apuntó además a la existencia de numerosas irregularidades en el proceso administrativo seguido por el Ayuntamiento ya que, explicó, los taxistas recibieron del Consistorio una notificación de la apertura del expediente administrativo y apenas 48 horas después ya recibieron el pliego de cargos con una propuesta de resolución sancionadora.
Ante la primera notificación, los taxistas afectados recusaron al instructor y secretario de los expedientes argumentando que los dos funcionarios habían intervenido en la confección del Reglamento pero, sin embargo, en lugar de responder a esa recusación y esperar a la presentación de otras alegaciones, el Ayuntamiento remitió inmediatamente el pliego de cargos y firmado por los mismos funcionarios.
