Peritos sostienen que Augusta Wind valoró en 113 millones perjuicios que en realidad se reducen a 2,6 millones

VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una nueva pericial expuesta este martes en el juicio de la trama eólica, a propuesta del Parque Eólico La Boga, mercantil encausada en dicho proceso judicial, sostiene que la valoración de daños presentada por el promotor de parques eólicos José María Campos, administrador de Augusta Wind, presenta un cúmulo de "errores", hasta el punto de que de los 113 millones de euros que esta última sociedad defiende que tenía que haber percibido por la venta forzada de sus participaciones tan sólo estarían acreditados 2,6 millones.

El informe elaborado por dos peritos propuestos por La Boga ha tratado de desmontar la pericial que Augusta Wind presentó a través de Sterling Finance Price STR, en representación del promotor José María Campos y su esposa, quienes figuran personados en la causa como acusación particular y que en una jornada anterior denunciaron las presiones sufridas desde el Ente Regional de la Energía (EREN) para que vendieran sus acciones al Grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y desistieran de seguir adelante con la construcción de distintos parques eólicos en Castilla y León.

En aquel informe ahora contradicho por otros dos peritos se aseguraba que la venta de participaciones se produjo a un precio muy por debajo de mercado, poco más de 11.000 euros el megavatio, con lo que el matrimonio obtuvo finalmente 2,6 millones de euros, frente a los 113 millones que STR estima que tendría que haberles reportado esa transmisión de acciones.

Sin embargo, los peritos de La Boga, en declaraciones recogidas por Europa Press, descartan que la venta fuera a pérdida y justifican su dictamen en el hecho de que el informe de STR recoge múltiples errores. "En ese informe se dice que el matrimonio tendría que haber recibido 113 millones por una inversión realizada de 60.000 euros, lo que supone multiplicar por 1.900 esa inversión, con lo que esa valoración da pinta de que algo no puede estar bien", ha recriminado uno de los expertos, que también recuerda que de ese total ni siquiera se ha descontado lo que los reclamantes sí obtuvieron por la venta de acciones.

El perito, además, ha advertido de que la valoración de STR toma como punto de referencia siete parques eólicos, sin tener en cuenta que de ellos sólo cuatro llegaron a desarrollarse--Lora 1, Lora 2, Arroyal y El Páramo--, y además calcula el valor respecto del cien por cien de cada uno de los parques, cuando el matrimonio contaba con un porcentaje bastante inferior en ellos", en referencia a que el resto estaba en manos de sus socios alemanes de Nordex, "errores" a los que se sumaría igualmente el hecho de que en el análisis se daba por sentado que todos esos parques estarían construidos, operando y generando ingresos a fecha de 1 de enero de 2006, algo que no ocurrió.

Al final, el matrimonio obtuvo por la venta de sus acciones un total de 7.287.000 euros, cifra que los peritos estiman muy superior a la que tenían derecho. "Cobraron muy bien", han espetado ambos peritos, uno de los cuales, a preguntas de una de las acusaciones sobre si 11.000 euros por megavatio se ajustaba a un precio de mercado, cuando por aquel entonces se pagaba a unos 200.0000 euros, ha precisado que se estaban realizando comparaciones de forma errónea.

"Está usted comparando la manzana de un manzano que ni siquiera ha sido plantado con una manzana ya en la cesta o en el lineal de un supermercado", ha indicado el perito, en alusión a que el informe de STR ha valorado megavatios de parques que se encontraban aún en desarrollo y no megavatios ya instalados. "Los errores del informe son de primero de básica", ha denunciado el perito, ante lo cual el magistrado presidente del tribunal ha intervenido para reprenderle por tal afirmación y pedirle que se abstuviera en adelante de ese tipo de comentarios despectivos.

A VUELTAS CON LOS 47,1 MILLONES DE ALBERTO ESGUEVA

La jornada ha contado con una segunda pericial refrendada en sala por un inspector de Hacienda ahora en excedencia cuyo informe, a propuesta de los empresarios encausados Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ha dado por válidas y restado cualquier tipo de sospecha a las operaciones que sus respectivas empresas realizaron tanto en el mercado eólico como en el inmobiliario en España y Polonia.

Respecto del primero de ambos ámbitos centrado en la promoción de parques eólicos, el experto no ha encontrado ningún tipo de ilicitud en la polémica reventa de acciones a Biovent--es una filial de Iberdola--que Alberto Esgueva, a través de San Cayetano Wind, realizó en 2007 tras deshacerse de su paquete accionarial en Energía Global Castellana que le reportaron 47.100.000 euros, cuando antes esas mismas acciones le habían costado 24.000 euros. La cifra millonaria conseguida la destinó el empresario vallisoletano a distintas inversiones inmobiliarias dentro y fuera de España, fundamentalmente en Polonia, y para capitalizar a Industrias San Cayetano, la sociedad familiar que compartía con su hermano, igualmente acusado, Francisco Esgueva.

El perito tampoco ha observado nada irregular en el negocio inmobiliario en el que Intercatia--anteriormente San Cayetano Wind--se enroló en 2012 cuando vendió por 1,5 millones de euros a una empresa radicada en Suiza, Nemo Holding, el 50 por ciento de participaciones en la sociedad Desarrollos Naturales Siglo XXI que proyectaba desarrollar 2.300 hectáreas en Montealegre de Campos (Valladolid), en el que pretendía también entrar un grupo catarí con una inversión de 8 millones.

En dicha operación, financiada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, no llegó a fraguarse tras la compra de la CAM por parte de Banco Sabadell, lo que motivó que Intercatia devolviera a Nemo Holding lo percibido por la venta de participaciones. Para la promoción de este proyecto fallido, Intercatia había suscrito un año antes un contrato de servicios con Troug Trade, del abogado también encausado Jesús Rodríguez Recio, supuesto testaferro del que fuera viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, si bien el perito ha precisado que en este caso los 135.600 euros obtenidos por la mercantil prestataria de esos servicios no devolvió cantidad alguna a Intercatia.

El informe pericial ha analizado, también sin encontrar anomalía alguna, las operaciones inmobiliarias que la sociedad Cronos, creada en abril de 2006 con el también industrial vallisoletano encausado Germán José Martín Giraldo, realizó en Polonia y para las que el 7 de enero de 2014 obtuvo un préstamo de 420.000 euros, con un interés del 20 por ciento, a través de Nemo Holding y en la que vuelve a aparecer el letrado Jesús Rodríguez Recio. El empréstito, sin embargo, sería más tarde cancelado y el dinero devuelto.

A modo de conclusión, el perito sostiene que las operaciones analizadas "están documentadas, no tienen visos de ilicitud, fueron objeto de comprobación por las administraciones y las cantidades transferidas no consta que hayan sido percibidas por personas ajenas a las sociedades participantes. No hay halo de sospechas", ha sentenciado.

El juicio entra ya este miércoles en la fase decisiva con el testimonio de las catorce personas encausadas. Así, Rafael Delgado, que será el primero en declarar, ya anunció hace semanas que responderá a las preguntas de todas las partes, al igual que César Hernández Chico, Rafael Icaza y Pedro Barriuso, mientras que Jesús Rodríguez Recio, Francisco Esgueva y María del Mar Moreno tan solo se someterán a las preguntas de su letrado y del tribunal. Se deconoce, porque en su día sus abogados no lo tenían claro, que harán los también acusados Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo y los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente.