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VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS
La Plaza n.º 5 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Valladolid ha dictado una sentencia en la que declara la nulidad del despido de un trabajador, con categoría de jefe de iluminación, al considerar que la empresa actuó de forma "fraudulenta" y como "represalia" tras un largo conflicto judicial.
El fallo condena a la mercantil Scafo Eventos S.L. a la readmisión inmediata del empleado y al pago de una indemnización de 7.501 euros por vulneración de derechos fundamentales, según ha podido saber Europa Press en fuentes jurídicas.
Según recoge el texto jurídico, el demandante, Jesús Ángel Z.D, prestaba servicios como responsable de iluminación en el Teatro Calderón de Valladolid desde el año 2007. El conflicto se remonta a 2023, cuando el trabajador fue objeto de un primer despido disciplinario que los tribunales calificaron como improcedente.
READMISIÓN DE APENAS 24 HORAS
Tras un proceso de ejecución forzosa de la sentencia original, ambas partes alcanzaron un acuerdo el 1 de abril de 2025 para proceder a la readmisión provisional del trabajador. El operario se reincorporó a su puesto el 10 de abril de 2025, llegando incluso a devolver a la empresa los 8.914 euros que había percibido previamente como indemnización.
Sin embargo, apenas 24 horas después de su regreso, y coincidiendo con el momento en que la transferencia bancaria llegaba a la cuenta de la empresa, la dirección le notificó un nuevo despido, esta vez por causas objetivas de tipo organizativo. La mercantil alegaba que solo era necesario un jefe de iluminación en el Teatro Calderón y que ya contaba con otro profesional en plantilla.
En los fundamentos de derecho, la magistrada sostiene que existen "indicios palmarios" de que el despido fue una reacción al éxito judicial del trabajador. La sentencia subraya que la causa alegada por la empresa no era "nueva ni sobrevenida", ya que la dirección conocía la existencia de dos jefes de iluminación antes de firmar el acuerdo de readmisión días atrás.
"El acuerdo deviene fraudulento y se vulnera así el derecho a la tutela judicial efectiva", reza el fallo, que añade que la decisión empresarial buscaba "neutralizar" la resolución judicial que obligaba a mantener al trabajador en su puesto.
Por todo ello, el tribunal declara la nulidad de la extinción del contrato con efectos de 11 de abril de 2025. Además de la readmisión y el abono de los salarios de tramitación (fijados en 65,37 euros diarios) - , la jueza impone una sanción pecuniaria de 7.501 euros basándose en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.