Fiscalía solicita para él 4 años de cárcel
VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Valladolid sienta desde este martes y hasta el jueves en el banquillo de los acusados al que fuera administrador único de la empresa constructora Rialcat S.L, con sede social en Tordesillas (Valladolid), Ricardo Alonso, fugado en el verano de 2008 a Fuerteventura tras dejar una deuda a distintas empresas subcontratadas y bancos de casi millón y medio de euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El Ministerio Fiscal le imputa un delito continuado de estafa y solicita para él una pena de cuatro años de prisión, multa de 2.160 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de indemnizaciones a las empresas perjudicadas, en total trece mercantiles, por importe de casi 1.200.000 euros. Las acusaciones particulares, por su parte, elevan la petición de cárcel a cinco años.
El procesado compareció en septiembre de 2009 ante el juez de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado del caso, y prestó por vez primera declaración en la capital del Pisuerga, ya que hasta esa fecha sólo lo había hecho en el Juzgado de Instrucción 2 de los de Puerto del Rosario (Fuerteventura), precisamente después de que se entregara a la Guardia Civil y pusiera fin de este modo a una fuga durante la cual sus perseguidores llegaron a creer incluso que se hallaba en Rumanía, donde desarrollaba varias promociones urbanísticas.
El industrial reconoció entonces que el montante que adeudaba oscilaba entre los 2 y 3 millones de euros--inicialmente se barajaron cinco millones, 3 a las subcontratas y 1,9 a los bancos--y atribuyó lo ocurrido a que llegó un momento en que no pudo pagar y además los bancos se negaron a concederle crédito.
En su declaración, en la que estuvieron presentes abogados en representación de media docena de empresas afectadas, entre ellas Construtec Castilla S.L, a la que adeuda más de 228.025 euros, Ricardo Alonso recordó que Rialcat S.L. fue constituida con un capital social de 3.000 euros, posteriormente ampliado a 90.000, y, sin embargo, apuntó que en 2007 la sociedad llegó a facturar una cifra de negocio por valor de cuatro o cinco millones de euros. Eso sí, el declarante precisó que no tenía bienes propios y que toda la maquinaria de la empresa era de alquiler.
La acusación pública sostiene que el industrial contaba en 2008 con varias promociones en ejecución, para lo cual mantenía relaciones comerciales con otras empresas con las que contrataba suministro de material y realización de trabajos en las obras que edificaba.
Aunque inicialmente pagaba mediante la emisión de pagarés con fecha de vencimiento aplazada, fue a partir de abril de 2008 cuando el constructor entró en situación de insolvencia, con lo que ya fue consciente de que no iba a poder hacer frente a los pagarés que iban venciendo.
Pese a ello, según el fiscal, Ricardo A.C. siguió contratando suministros y servicios con terceras empresas, a las que no informó en momento alguno de la situación económica de Rialcat S.L. y que siguieron proporcionando materiales y realizando trabajos para ella confiadas en que las facturas que emitieran iban a ser abonadas.
No fue así, y además las distintas obras en ejecución fueron abandonadas desde el 25 de agosto de 2008.
ENTREGADO POR LA "PRESIÓN MEDIÁTICA"
El empresario se encuentra en situación de libertad provisional. Alonso desapareció de Tordesillas en agosto de 2008 a raíz de lo ocurrido y no fue hasta primeros de septiembre cuando se puso en contacto con la Guardia Civil de Valladolid para informar de que se hallaba en Fuerteventura y para expresar su disposición a entregarse ante lo que entonces calificó de "presión mediática".
La denuncia de los hechos, que llevaron al industrial a huir a dicha isla canaria aprovechando que allí residía un cuñado, situó a su hijo, entonces concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Tordesillas, Mario Alonso, como presunto implicado en la estafa, hasta el punto de que éste se vio obligado a dimitir de su cargo. Sin embargo, el exedil tordesillano fue eximido de responsabilidad en el procedimiento que instruyó el Juzgado de Instrucción 2.
