Un amigo de Villanueva apunta que el consejero estaba detrás de la idea de "dar preferencia" a empresarios locales

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un testigo en la denominada 'trama eólica' que se ha declarado "amigo de bastantes años" del que fuera consejero de Economía de Castilla y León, el ya fallecido Tomás Villanueva, ha mantenido este martes que el alto cargo de la Junta estaba detrás de la nueva política de "dar preferencia" a los empresarios locales en el 'pastel' del sector eólico que, presuntamente, habría desembocado en una trama que propició 'mordidas' de más 80 millones de euros en el proceso de tramitación de parques.

Así lo ha apuntado este martes, en una nueva jornada de este 'maratoniano' proceso judicial, el profesor emérito honorífico vitalicio de la Universidad de Valladolid José Luis Martínez López-Muñiz, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha hecho referencia a varias visitas que solicitó a título personal al entonces número uno de la Consejería de Economía para solicitarle información sobre distintos parques eólicos que tramitaban varios amigos, entre ellos el fundador de IDER, Miguel Francisco Álvarez de Toledo, y que estaban pasando por dificultades.

"Yo conocía a Villanueva desde hacía años y le pedí una entrevista a título informativo", ha indicado el testigo en referencia a aquella reunión de la que guarda un "vahído recuerdo" y que cree que mantuvo con el consejero y el entonces viceconsejero y principal inculpado hoy en la causa, Rafael Delgado, cuya respuesta fue que la cosa "estaba en marcha y saldría".

El encuentro tuvo por escenario el despacho del consejero y en el transcurso del mismo Villanueva le llegó a explicar que la política seguida al respecto del negocio eólico era "dar preferencia" a empresarios locales. "Yo siempre he dicho que un trato de favor de empresarios locales puede ser encajable en el ordenamiento si éste así lo tiene previsto", se ha limitado a indicar Martínez López-Muñiz, quien también ha incidido en que "al cabo de unos días" recibió una llamada telefónica en la que se le dijo que el asunto había quedado "resuelto", sin que conociera que lo que había logrado es desatascar finalmente la venta de IDER por 28,5 millones de euros a la mercantil SINAE, hoy EDP, principal empresa energética de Portugal, operación que el fundador de la mercantil vendedora--pedía inicialmente 280 millones--ha denunciado que tuvo que firmar, a pérdida, bajo chantaje.

UN MILLÓN DE DELGADO PARA ENTRAR EN UNA SOCIEDAD

La presente jornada del juicio, que no se reanudará ya hasta el próximo día 3 de noviembre, ha contado también con el testimonio de un exempleado de Four Innovation, Carlos Blanco Bermejo, quien ha manifestado que Rafael Delgado abonó cerca un millón de euros para incorporarse como socio en la mercantil, una vez que ya había abandonado cualquier cargo en la Junta, tanto el puesto de viceconsejero de Economía y el de secretario general en este departamento, y emprendió distintas actividades en el ámbito empresarial.

A esa declaración, junto con otras, se agarran el Fiscal Anticorrupción Tomás Herranz y resto de acusaciones para tratar de demostrar a la sala el inusual tren de vida y los fondos económicos con los que se manejaba Delgado tras su paso por distintos cargos en la Junta que, como así sostienen, habría utilizado para convertirse en el principal eslabón de la 'trama eólica' a través de la cual varios cargos de la Administración regional y empresarios se repartieron el 'pastel' de este pujante sector a través de la autorización de parques y las supuestas presiones para que los promotores dieran cabida, obligatoriamente, en su accionariado a industriales locales.

El exempleado de Four Innovation ha recordado que tras abandonar la sociedad en 2014 trató de cobrar de ésta más de 17.000 euros en concepto de varias mensualidades y fue entonces cuando el administrador único, Carlos Marquerie, le advirtió de que tenía problemas de liquidez y le remitió a su socio Rafael Delgado para que cobrara la deuda a través de una mercantil de este último, algo que finalmente consiguió con la intervención del también encausado en la trama y presunto testaferro del aludido, el abogado Jesús Rodríguez Recio, que le facilitó un correo electrónico para que le girara la factura.

"A Rafel Delgado sólo le vi una vez en octubre de 2013 cuando Carlos Marquerie me lo presentó como futuro socio inversor", ha declarado Carlos Blanco, quien no recuerda el desembolso que el entonces ya exalto cargo de la Junta realizó para entrar en Four Innovation, aunque en fase de instrucción, cuando tenía más fresca la memoria, cuantificó dicha entrada en más de un millón de euros.

El objetivo de Delgado, según el testigo, era entrar a formar parte del principal proyecto de la mercantil que consistía en impulsar una especie de plataforma linkedin de la innovación, denominada SUNN Innovation, que pretendía centralizar sinergias de distintas empresas y centros de investigación.

También han testificado varios responsables de la empresa Eyra, perteneciente a la división de renovables del grupo ACS, Leopoldo Iglesias Lachica e Ignacio Ernesto Aquiliano, quienes han coincidido al negar que su experiencia en la promoción de parques eólicos en Castilla y León no contó con presión alguna ni indicaciones por parte de la Junta para que dieran obligatoriamente entrada a socios locales y han enmarcado la incorporación en sus proyectos de la local Collosa como una práctica habitual que se seguía en otras comunidades autónomas y Portugal.

De hecho, los dos testigos han manifestado que buscaron a Collosa, dándole un 30 por ciento de participación, porque dicha sociedad ofrecía ventajas por su conocimiento de la zona donde se iban a instalar los aerogeneradores y además se ocuparía con su propia maquinaria pesada de la obra civil. Lo que no han sabido explicar es el motivo por el cual la Junta designó a Eyra como única empresas interlocutora válida para el nudo de Medinaceli, en Soria, a pesar de que por aquel entonces la mercantil no estaba desarrollando en la zona proyecto eólico alguno.

"Hicimos por aquellas fechas unos cincuenta parques eólicos en toda España, de ellos doce en Castilla y León, y no hubo ningún problema con ellos. La Junta no nos exigió nada", ha zanjado Leopoldo Iglesias, quien, entre otros cargos, fue director general de la división de Promoción de Parques Eólicos en Eyra.

Por su parte, el que fue secretario general de la Consejería de Medio Ambiente entre 2003 y 2007, José Manuel Jiménez Blázquez, ha asegurado no haber detectado diferencia alguna en el sistema por el que se tramitaban los parques a posteriori de 2004, cuando se puso en marcha la polémica avocación que confería al viceconsejero la facultad última para su aprobación, y el periodo anterior, cuando lo habitual era que los "órganos sustantivos" que autorizaban eran los servicios territoriales de Industria de la Junta.