El TSJCyL obliga al Sacyl a reembolsar gastos de tratamientos de hormona de crecimiento a dos familias

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dictado dos sentencias en las que ha desestimado los recursos de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) y ha condenado a la Administración sanitaria a reembolsar los gastos de tratamientos con hormona de crecimiento que fueron abonados por las familias de dos menores tras la denegación inicial de la prestación por parte del comité asesor regional.

En concreto, la resolución número 00239/2026, dictada el 9 de febrero, ha confirmado el derecho al reintegro de 33.159,88 euros, mientras que la sentencia 00622/2026, fechada el 23 de marzo, ha ratificado el abono de 20.686,64 euros. En ambos procesos, el tribunal ha confirmado íntegramente las sentencias dictadas previamente por los juzgados de lo Social de Valladolid, que habían reconocido la necesidad clínica del tratamiento pese a la falta de autorización formal por parte del citado comité.

La Sala de lo Social del TSJCyL, con sede en Valladolid, ha fundamentado sus resoluciones en que la somatropina no aparece excluida de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y ha subrayado que la financiación pública no puede quedar condicionada de forma absoluta a la resolución de un órgano administrativo. Los magistrados han sostenido que, habiéndose acreditado la prescripción por especialistas del servicio público y la eficacia terapéutica del tratamiento en los menores, la negativa administrativa ha resultado indebida.

Por su parte, la asociación 'El Defensor del Paciente', a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha denunciado públicamente esta situación, calificando de "irresponsable" la actuación de la Junta de Castilla y León al persistir en la oposición al reintegro de estos gastos.

Su presidenta, Carmen Flores, ha asegurado que el Sacyl mantiene una oposición sistemática que obliga a las familias a realizar un "largo y costoso camino judicial" a pesar de que, según la organización, ya existe una doctrina judicial consolidada en favor de los pacientes.

La representación legal de las familias en estos casos ha sido ejercida por la abogada Mª Teresa Herrero, del despacho SDS Legal, colaborador habitual de la citada asociación.

La organización ha señalado que lleva más de dos décadas impulsando este tipo de reclamaciones en defensa de los menores, obteniendo resoluciones favorables que han contribuido a establecer criterios jurisprudenciales en la materia en diversas comunidades autónomas, al tiempo que ha reiterado la gravedad de forzar a las familias a litigar en instancias superiores.