UGT pide a la Junta un grupo de trabajo con OPA, sindicatos y empresas para garantizar la producción de remolacha

Hace una llamada de "alerta" para anticiparse ante alguna decisión que pueda ser "dramática" como lo ocurrido con la fábrica de La Bañeza

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, junto a la responsable de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega.
El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, junto a la responsable de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 19 noviembre 2025 12:56

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha pedido por carta a la Junta de Castilla y León la creación de un grupo de trabajo en el que estén las organizaciones agrarias, los sindicatos y las empresas que operan en la Comunidad para garantizar la producción de remolacha, que se mantenga el cultivo y evitar la pérdida de un sector "estratégico" como el azucarero.

Así lo ha expresado el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, en una rueda de prensa para analizar la situación del sector remolachero y azucarero en la Comunidad acompañado por la secretaria general de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega.

Lobo ha incidido en el papel fundamental que juega en la industria agroalimentaria en la Comunidad y ha señalado que, ahora que se está en plena campaña de remolacha, no quieren "dormirse en los laureles" y hacer una "llamada de alerta" ante la situación de un sector "estratégico" que "da vida al mundo rural" pero que ha sido "duramente golpeado" por reestructuraciones, la liberación del mercado y los costes de producción.

En esta línea, ha advertido de que se han ido perdiendo puestos de trabajo, tejido productivo e industria en este sector, lo que "golpea doblemente" a la Comunidad al afectar al medio rural, los pueblos "y a sus gentes", pese a que es donde más se produce.

"Hemos visto cómo ha ido perdiendo fuerza, cómo ha ido perdiendo fuelle", ha señalado Lobo, quien considera que hay que apostar por este sector y la industria agroalimentaria como garantía de desarrollo y también para fijar población porque no se trata sólo de la propia industria agroalimentaria, sino también de la química, con la producción de fertilizantes, fitosanitarios y semillas, también la logística y el transporte y los propios agricultores.

"Es un sector que no opera de manera aislada sino que tiene una cadena de valor importante también para la comunicación", ha añadido Óscar Lobo.

GRUPO DE TRABAJO

Así, considera que hay que anticiparse con una estrategia de planificación, en unidad de acción, para buscar soluciones de forma "inmediata" y por eso han enviado una carta a la consejera de Agricultura, María González Corral, para plantear la creación de un "ámbito de trabajo común" con representantes de las organizaciones agrarias --con las que se reunirán--, de los sindicatos más representativos, la Administración y las empresas que operan en la Comunidad.

"Y necesitamos constituirlo de forma inmediata", ha añadido Lobo, quien considera que el sector no puede estar "sujeto a los vaivenes y a las contingencias" que puedan llegar de Europa, para lo que considera que hay mantener la producción y la molturación, algo en lo que trabajarán también con el Gobierno central y la Unión Europea, a través de los eurodiputados.

Lobo ha insistido en la necesidad de trabajar "con tiempo y con anticipación" para no tener que lamentar en fechas no "muy tardías" alguna "decisión dramática" como ocurrió con el cierre de La Bañeza, que no se produzcan este tipo de situaciones y anticiparse a ellas.

A este respecto, Sandra Vega ha advertido de que, si no se cultiva remolacha, "difícilmente" se llevará a cabo molturación, por lo que las empresas únicamente se quedarían con el refinado y se dedicarían a vender, tras lo que llegaría la caña de azúcar de otros países. Para ello, considera que la Junta tendrá que tomar las medidas oportunas de acuerdo con las organizaciones agrarias para ayudar como años atrás. "Y si tiene que ser con más ayudas, que lo hagan", ha añadido Vega, quien ha apuntado que la única que ya moltura en Castilla y León es la factoría de Toro (Zamora) y, si deja de hacerlo, podría verse abocada al cierre.

Sandra Vega ha hecho un repaso de la evolución del sector, tanto en lo que se refiere al precio del azúcar como los costes de producción y los precios que han recibido los agricultores en las diferentes campañas y ha advertido de que si España y Castilla y León dejan de sembrar remlacha, algo que lleva muchos años ocurriendo, se dependerá de otros países, lo que empieza a pasar ya.

"El mercado del azúcar ya es un oligopolio y nos exponemos a un posible riesgo de desabastecimiento o de unos incrementos brutales de los costes", ha advertido Vega, quien considera que si el sector "sigue decayendo" y se "pierde fuerza" en el cultivo y en la producción, dejará de ser "estratégico" y las ayudas vinculadas al mismo podrían perderse, una situación similar a lo que ocurrió con el cultivo del tabaco, algo que "no se puede volver a repetir".

Por ello, ha exigido a la Junta de Castilla y León que defienda al sector sector y a los agricultores porque no van a permitir que "se deje morir" y se pierdan cientos de puestos de trabajo, que Óscar Lobo ha cifrado en 1.100 directos y unos 10.000 indirectos.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Según los datos de UGT, el precio del azúcar blanco ha pasado de entre 550 y 600 euros la tonelada en 2010 a los 590 o 610 de la campaña actual, con la cifra más baja en 2015 (entre 400 y 450 euros) y el más elevado en 2023 (entre 800 y 900). Por su parte, el precio de la remolacha azucarera en España ha variado entre los 35 y 40 euros por tonelada que se pagaba en la campaña 2010-2011 hasta los 60 euros, el mayor alcanzado en 2024, para quedarse en torno a los 45 euros en 2025.

Sin embargo, los costes de producción de la remolacha azucarera se han incrementado moderadamente desde los 2.500 euros por hectárea en 2010-2011 hasta los 3.000 o 3.600 de la campaña 2020-2021, para alcanzar ya en 2024-2025 a entre 4.100 y 4.400 euros por hectárea como consecuencia de la inflación y el incremento de los costes de todos los insumos.

En cuanto a la superficie remolachera sembrada en España, que Vega considera unos datos "muy importantes" a tener en cuenta, en 2010 se sembraron 56.000 hectáreas y 45.000 en 2015 para después registrar un descenso "paulatino y lento" hasta 2019, cuando se sembraron 25.000 hectáreas.

Posteriormente, la superficie sembrada se incrementó a 40.000 hectáreas en 2021, registró incrementos y descensos en los siguientes años (50.000 en 2022, 45.000 en 2023 y 58.000 en 2024) y ha bajado en este año a las 30.000 hectáreas, algo que Vega ha señalado que se debe a la caída del precio del azúcar en el mercado internacional y por la oferta de la industria al agricultor, que la considera "insuficiente".

En el caso de Castilla y León, la superficie sembrada en la campaña 2025 ha disminuido un 40 por ciento con respecto a la anterior, debido a la caída de precios del azúcar, de forma que se sitúa en torno a las 26.000 hectáreas, cuando en el conjunto de la Unión Europea es de 1.350.000.

Por otra parte, las fábricas molturadoras han pasado de 25 a solamente dos o tres, ya que este año Jerez tampoco va a molturar remolacha, con lo que solo quedan en España la de Olmedo (Valladolid) de Acor y la de Toro (Zamora) de AB Azucarera.

Sandra Vega ha repasado los numerosos cierres que se han producido de estas industrias en los últimos años, la más reciente la de La Bañeza (León), a lo que se suma que van a dejar de molturar la fábrica de Miranda (Burgos) y la de Jerez. En el conjunto de la Unión Europea se han producido cierres desde 2017, cuando se eliminaron las cuotas.

Solo en Castilla y León, según UGT, se han perdido más de 2.000 empleos en el sector, a los que hay que sumar los 193 empleos que se han perdido con la última reestructuración de ave azucarera.

Todo ello en un contexto en el que España es deficitaria en azúcar, ya que produce en torno a 500.000 o 600.000 toneladas y consume alrededor de 1,2 millones y con la circunstancia de que del total de superficie cultivada algo más del 80 por ciento está en Castilla y León, donde han afectado negativamente las políticas comunitarias y la competencia de otros mercados.

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