VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Unión General de Trabajadores (UGT) y la plantilla del centro regional Zambrana de Valladolid han exigido a la Junta de Castilla y León la reversión de este recurso de atención residencial para menores infractores a la gestión pública, tras acusar a la actual empresa adjudicataria, ADIs Meridianos, de incumplir sistemáticamente el concierto social y atribuir al Ejecutivo autonómico una "absoluta dejadez" en sus labores de vigilancia.
El secretario general de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha defendido que el servicio debe revertir a lo público porque su externalización "está siendo un absoluto fracaso", al considerar que la Administración autonómica entiende que una vez adjudicado un concierto "se acaba su trabajo" y se limita a "mirar para otro lado", en lugar de fiscalizar el cumplimiento estricto de los pliegos.
Pérez Urueña, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al secretario de Servicios de Gestión Privada de UGT Servicios Públicos Castilla y León, David López, y la presidenta del Comité de Empresa del centro, Paula, ha subrayado que la obligación de la Junta consiste en controlar a rajatabla las condiciones exigidas para evitar que empresas de fuera de la Comunidad se lleven fondos públicos sin contratar al personal estipulado ni cubrir las bajas.
"MIEDO DE IR A TRABAJAR"
Según ha denunciado el dirigente sindical, en declaraciones recogidas por Europas Press, la plantilla sufre un deterioro continuo desde hace más de cinco o seis años que provoca que los empleados "tengan miedo a ir a trabajar" y que nadie aguante lo suficiente para generar trienios, lo que se traduce en una elevada rotación con 45 nuevos contratos firmados en lo que va de 2026 --ocho de ellos en septiembre--, por lo que ha reclamado a la Consejería un plan integral sin "más parches".
Por su parte, David López ha detallado la resolución emitida el pasado 24 de septiembre por el Procurador del Común a raíz de la denuncia presentada por el sindicato el 10 de febrero ante la falta de respuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
En dicho expediente, la propia Administración autonómica reconoce que entre 2025 y marzo de 2026 se superaron los 41 días sin alcanzar la ratio mínima establecida en la orden FAM 336 --que fija una plantilla ininterrumpida de 43 educadores repartidos en 19 de mañana, 20 de tarde y cuatro de noche--, lo que supone un nueve por ciento del periodo examinado, sin que conste la apertura de expediente sancionador alguno ni la aplicación de la minoración económica del dos por ciento prevista para los incumplimientos.
López ha recalcado que el dictamen del Procurador del Común cuestiona la prórroga de seis meses concedida hasta diciembre de 2026, ya que el artículo diez de la orden supeditaba dicha ampliación a una adecuada prestación del servicio que no ha quedado acreditada, además de haberse tramitado sin contar con la comisión de seguimiento ni con la parte social.
Ante esta situación, la resolución insta a la Consejería a realizar una comprobación individualizada y documental de todas las incidencias registradas en 2025 y principios de 2026, aplicar las reducciones económicas correspondientes y evaluar de nuevo si concurren los requisitos legales para mantener la continuidad del concierto o si procede resolver el contrato con la entidad adjudicataria al margen de la nueva licitación prevista para enero de 2027.
Por su parte, la presidenta del Comité de Empresa del Zambrana, Paula, ha advertido de que ADIs Meridianos no cuenta con el respaldo de la representación legal de los trabajadores para concurrir a la próxima adjudicación, tras contabilizar al menos 71 jornadas en lo que va de 2026 con falta de personal necesario --por debajo incluso de los servicios mínimos fijados para la huelga general del 11 de noviembre-- y 36 días sin cobertura en los talleres.
La portavoz de los trabajadores ha alertado de que la ineficacia del modelo educativo por fases deja sin respuesta inmediata las agresiones y ha derivado en episodios de grave riesgo, como un motín ocurrido en septiembre en el que los menores de una unidad quedaron completamente solos sin educadores ni vigilancia, a lo que ha sumado la pérdida del capital humano con más de diez años de experiencia --con 79 contratos nuevos en los dos últimos años-- y el incumplimiento de los derechos laborales adquiridos en la subrogación.
