CyL registró la tasa más baja de España con 52,5 casos por cada 10.000 mujeres
MADRID/VALLADOLID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las víctimas de violencia de género subieron un 14,63 por ciento Castilla y León en 2023, hasta 6.353, si bien la Comunidad continúa registrando la tasa más baja de España con 52,5 casos por cada 10.000 mujeres, según el informe de Violencia sobre la mujer en 2023, elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El documento, cuyos resultados ha expuesto la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, refleja que los órganos judiciales de la Comunidad registraron 6.353 víctimas de violencia de género, 811 más que las contabilizadas en el año 2022, cuando fueron 5.462.
De esta forma, el incremento en Castilla y León se sitúa por encima del alcanzado en el conjunto de España, que fue de un 10,30 por ciento más, al acumular en 2023 194.658 víctimas, frente a las 176.483 de 2022.
En el mismo periodo, se registraron a nivel nacional 199.282 denuncias por violencia de género, un 9,46 por ciento más que en 2022. Se trata de un 546 denuncias al día en 2023.
Siete de cada diez fueron presentadas directamente por las víctimas en comisaría o ante el juzgado, una cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, apenas un 1,82 por ciento del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 15,89 por ciento; las originadas por partes de lesiones, el 7,94 por ciento, y las presentadas por terceras personas, el 3,43 por ciento.
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 79,4 en toda España, seis puntos y medio más alta que en 2022. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 124,8; Murcia, con 114,5; Comunidad Valenciana, con 106,5; Canarias, con 102,1; Andalucía y Navarra, con 88,8; y Madrid, con 80,9.
Por otro lado, el Observatorio del CGPJ añade que las tasas más bajas se contabilizaron en Castilla y León, con 52,5 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 53,1; País Vasco, con 56,8; La Rioja, con 58,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 62; Asturias, con 65,3; Aragón, con 72,8; Cantabria, con 76,7, y Extremadura, con 77.
También expone que el porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó un 15,38 por ciento respecto a 2022. En total, fueron 19.500 víctimas las que renunciaron a prestar declaración contra sus agresores.
Pese al incremento en el número total, el porcentaje de víctimas que se acogió a la dispensa (10,02 por ciento) fue muy similar al de 2022 (9,58). De ellas, 9.540 eran españolas y 7.299 de otras nacionalidades.
ACORDADAS UN 8,24% MÁS DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE EN 2022
Respecto a las órdenes de protección, en 2023 se solicitaron en los órganos judiciales un total de 50.806. De ellas, fueron acordadas 35.551, un 8,24 por ciento más que en 2022 y se denegaron otras 15.067, un 5,6 por ciento más que en el año anterior. Un año más, los órganos judiciales acordaron siete de cada diez órdenes de protección, un 69,97 por ciento.
Del total de órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales, 29.177 lo fueron por los juzgados de violencia sobre la mujer, que acordaron el 68,7 por ciento de las solicitudes que recibieron; las otras 6.374 (el 77 por ciento de las solicitadas) correspondieron a los juzgados de guardia.
En el 46,3 por ciento de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección, porcentaje levemente inferior al de 2022 (48,4 por ciento). Dos de cada tres mujeres (64,8 por ciento) que solicitaron protección eran españolas y un 2,1 por ciento del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad. En ambos casos, los porcentajes son similares a los registrados en 2022.
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 64.914 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (25.137), que representaron el 67,37% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (24.270), un 65,25%.
En el caso de Castilla y León, los órganos judiciales solicitaron 1.858 órdenes de protección, de las que se aceptaron 1.410 y se rechazaron 445.
Por otra parte, los órganos judiciales dictaron un total de 20.757 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (6.471), seguidas por las relacionadas con la atribución de la vivienda (4.550), la suspensión del régimen de visitas (4.026) y la suspensión de la guardia y custodia (2.411).
El porcentaje de sentencias condenatorias en procesos relativos a la violencia de género aumentó más de tres puntos respecto a 2022 y se situó en el 80,64 por ciento del total. El número total de sentencias dictadas en 2023 fue de 60.172 y, de ellas, 48.525 fueron condenatorias y 11.647 (el 19,36 %), absolutorias.
El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92,56 por ciento, y en las audiencias provinciales, con el 81,02 por ciento del total de sentencias dictadas. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 69,08 por ciento de los casos enjuiciados.
