LLEIDA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Marta Morén, el conseller de Agricultura, Joaquim Llena y el de Medio Ambiente, Francesc Baltasar se reunirán mañana con técnicos de la Comisión Europea para buscar una salida al expediente abierto a España por el canal Segarra-Garrigues.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dictaminó el pasado año que el proyecto vulnera la legislación medioambiental comunitaria. España propuso hace un mes incluir en las Zonas de Especial Protección para las Aves (Zepas) 14.200 hectáreas, con lo que la zona protegida llegaría a las 39.900 hectáreas frente a las 70.000 regables inicialmente.

Bruselas sigue considerando insuficiente esa cifra, y ampliarla encarecería un canal en el que Estado, Generalitat y regantes invertirán 1.500 millones de euros. Estos últimos pagarán su parte en la factura del consumo, aunque todavía no se ha establecido el precio. No obstante, algunos ya han empezado a regar tras la inauguración del primer tramo del canal el 5 de julio.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, afirmó hoy en una entrevista a TV3 recogida por Europa Press que el canal es una reivindicación histórica. "Es imposible renunciar a esta infraestructura que sirve para regar, y estamos a punto de firmar un acuerdo con la Agencia Catalana del Agua para llevar agua a más de 70 pueblos; o sea que la infraestructura es necesaria para el crecimiento de la zona", subrayó.

Respecto a la inauguración del primer tramo, Puxeu aclaró que se ha puesto en riego un tramo que no afecta a las zonas Zepa. "La polémica surge en un momento en el que la Generalitat ha incrementado las zonas Zepa en más de 14.000 hectáreas", lamentó, y añadió que el "gran debate" gira en torno a 800 hectáreas

"Si decimos que sí a ampliar en 700 o 800 hectáreas la zona protegida no habrá ningún problema, pero pensamos discutir y defender que no. El problema puede durar y en última instancia el tribunal podría tomar la decisión de sancionar", agregó Puxeu, que insistió en que el Ministerio hará "lo imposible para que esto no llegue a los tribunales" y apostó por la negociación para no perjudicar los intereses de nadie.