La proposición presentada por los grupos de la mayoría obliga a formación continuada
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios de la mayoría de Andorra han presentado este martes la proposición de ley de seguridad privada, que regula dos nuevas figuras profesionales, como son el escolta privado y el director de seguridad.
Además de crear estas figuras, la futura ley --Demcrates, Liberals y Ciutadans Compromesos suman mayoría absoluta en el Consell General-- establece la obligación de hacer formación inicial y continuada a los vigilantes de seguridad y a los escoltas privados, explican en una nota de prensa.
La consellera general liberal Eva López ha explicado que "esta proposición de ley da respuesta a la necesidad de regular y actualizar el sector", que hoy en día se rige por dos decretos preconstitucionales, de los años 1981 y 1992.
López ha expuesto que la seguridad privada hay que entenderla como un mecanismo de prevención efectivo y complementario de "la preservación de la seguridad pública, que recae en el Cuerpo de Policía".
Por parte del grupo Demcrata --partido del jefe de Gobierno--, el conseller Joan Carles Ramos ha detallado que la figura del director de seguridad, que será obligatoria para las empresas con más de diez vigilantes y escoltas, se encargará de controlar su personal de seguridad, las armas y de evaluar los posibles riesgos.
El escolta privado tendrá la función de proteger personas o grupos de personas "para impedir que sean objeto de agresiones o actos delictivos", ha expuesto Ramos, añadiendo que estos no podrán llevar arma de fuego salvo en casos excepcionales.
Sí que podrán llevar armas de fuego los vigilantes de seguridad, dependiendo del servicio que se ofrezca --"vigilancia y protección de joyas, transporte de dinero, custodia de obras de arte, etcétera", enumera la nota de prensa--, siempre y cuando vayan uniformados.
COLABORACIÓN CON LA POLICÍA
Las empresas de seguridad privada tendrán que establecer mecanismos de colaboración con el Cuerpo de Policía y la "comunicación será obligatoria en caso de que constaten una situación que pueda representar un peligro para la seguridad pública", ha manifestado el conseller general de Ciutadans Compromesos, Raul Ferré.
Asimismo, los detectives privados tendrán que colaborar obligatoriamente con el cuerpo de orden público si hay indicios de delitos en sus investigaciones.
TEXTO TRABAJADO CON EL SECTOR
Por otro lado, la futura ley también determina la obligatoriedad de disponer de una central de alarmas en territorio andorrano, así como el personal necesario para dar respuesta.
Así se da respuesta a la preocupación de las empresas de seguridad privadas radicadas en el país con relación a que las empresas extranjeras ofrezcan productos de vigilancia sin disponer de efectivos en el país.
Igualmente, el texto contempla la creación de un registro de seguridad privada para facilitar el control y el seguimiento, tanto de los profesionales como de las empresas del sector y la regulación de centros para poder realizar la formación obligatoria que determina la misma ley.
Los representantes de los grupos parlamentarios de la coalición de gobierno han manifestado que la proposición de ley se ha trabajado conjuntamente con el sector y se establece un plazo de un año para que las empresas puedan adaptarse a la nueva ley, y de tres años para que cuenten con la figura del director de seguridad.
