Los agentes sociales exigen frenar todos los desahucios de forma "inmediata"

EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los agentes sociales han exigido este martes que se frenen de forma "inmediata" todos los desahucios, que el 'banco malo' sea un banco social y que se promuevan formas de alquiler social, el día después de que la Asociación Española de Banca (AEB) anunciara este lunes el compromiso de sus asociados de paralizar dos años los desahucios a personas vulnerables.

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, UGT, CC.OO., el Consell Nacional de Juventut de Catalunya y el Observatori Desc han reclamado la detención definitiva de todos los desahucios por motivos económicos que afecten a la vivienda principal, y que se promueva la dación en pago retroactiva.

Ante los últimos acontecimientos de "emergencia social", el movimiento ha pedido al Gobierno central que los recursos públicos se destinen a garantizar que el 'banco malo' tenga una naturaleza social y vele para que su patrimonio inmobiliario sirva para facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a personas en mayor situación de vulnerabilidad.

Han lamentado que la creación de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que se estima contará con 89.000 viviendas acabadas y que acumule 13.000 kilómetros cuadrados de suelo, se convierta en la mayor inmobiliaria de todos los tiempos.

Han criticado que, pese al apoyo financiero público, la regulación del Sareb no prevea medidas para paliar la situación de emergencia habitacional, ni corregir las políticas de vivienda, y han recordado que las iniciativas legislativas populares (ILP) reclaman que la gestión de la sociedad esté subordinada a criterios de justicia social.

Los agentes sociales entienden como prioritario que la gestión de este patrimonio lo lleven a cabo a través de entidades y cooperativas sin ánimo de lucro que junto con las administraciones públicas aseguren el alquiler o cesión del uso con un valor inferior al 30% de la renta de las familias.