El Govern garantiza la atención a los colectivos más vulnerables
BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las ayudas a las familias catalanas caerán un 74,6% en los presupuestos que la Generalitat destina a la Conselleria de Bienestar Social y Familia, aunque este recorte no afectará a aquellas que sufren una situación de vulnerabilidad, ha garantizado el conseller del ramo, Josep Lluís Cleries.
En rueda de prensa para presentar las cuentas del departamento para este año, Cleries ha admitido que la partida de las familias es la que sufrirá un recorte más importante, y contará con 54,2 millones de euros frente a los 213,9 del año anterior, en contra de lo que proponía en su programa electoral aunque --ha replicado-- éste es para cuatro años.
El recorte de su departamento alcanza el 10%, respecto al del año anterior, pero el "ajuste real" será del 4,6%, teniendo en cuenta los ingresos propios de la Generalitat y las transferencias que recibirá del Estado y de la Unión Europea.
Así, Bienestar Social y Familia manejará un presupuesto de 2.223,58 millones de euros consolidados, frente a los 2.330,44 de 2010.
A nivel global, Bienestar Social piensa reducir un 55,5% las inversiones reales y un 73,2% las transferencias de capital, mientras que los activos financieros --como préstamos a entidades-- caerán un 58,9%, conformando estas tres partidas --más el recorte en familias-- las de mayor ahorro, junto a una previsión de más ingresos en los gastos corrientes por la concertación de plazas de residencia, ha concretado.
Cleries ha remarcado que la supresión de ayudas a familias es temporal y durará tanto como la crisis --de momento, este 2011--, a la vez que prevé ayudas para las familias más vulnerables con rentas no superiores a los 8.000 euros anuales y cinco años de residencia acreditada en España, con los últimos dos consecutivos en Catalunya, condición básica ante la detección de determindos fraudes en otras prestaciones: "Son ayudas de Catalunya, para gente de Catalunya porque se pagan con dinero de Catalunya".
De hecho, el conseller ha asegurado haber encontrado un "agujero" del anterior Govern de 106 millones de euros en concepto de retrasos a las ayudas a las familias del año pasado, montante al que se deben sumar las ayudas a las familias que tengan hijos hasta la aprobación de los presupuestos --unos 100 millones más--, lo que supondrá un gasto de 210 millones a repartir en cinco años.
Actualmente, las familias con un niño a cargo de 0 a 3 años reciben 638 euros cada año, mientras que las monoparentales reciben hasta los 6 años más de 700 euros anuales.
Después de las familias, los programas más afectados serán los de la dirección cívica y comunitaria, por la reducción de inversiones, la eliminación del 100% de los préstamos y la reducción del protocolo, publicidad y estudios, lo que se concretará, por ejemplo, en no ayudar casi a la organización de fiestas mayores ni eventos cívicos, y que representará una caída del 31,2% respecto al año anterior.
Asimismo, la supresión de préstamos a entidades sociales representará un ahorro del 16,2%, priorizándose las subvenciones a entidades que ayuden a colectivos desfavorecidos más que a las que organizan eventos sociales, del mismo modo que sucederá con los servicios a la juventud --que sufrirán un recorte del 11%-- y el Institut Català de les Dones (ICD) que, con un descenso del 15,7%, reducirá sustancialmente en publicidad, viajes, eventos y repercutirá en la eliminación, por ejemplo, de jornadas literarias sobre la mujer, pero no se disminuirá la partida de atención a las mujeres maltratadas.
También cae la partida de atención a los inmigrantes un 8,7%, que dejará de financiar eventos, como celebraciones temáticas sobre países, y se centrará en la acogida a los nuevos catalanes, mientras que la atención a la infancia y a la adolescencia, con una caída del 2,8%, verá ralentizadas las inversiones de nuevos equipamientos.
No obstante, la atención a los grandes dependientes y dependientes severos subirá un 20,7% --con 541,5 millones de euros previstos--, un asunto en el que el conseller se aplicará a fondo en junio, con una reunión bilateral Gobierno-comisión de dependencia del Parlament, y que dejará un poco en segundo plano la atención a dependientes moderados.
