Reclama ampliar la moratoria, que ve "clave" para tener más tiempo para mediar
BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha paralizado 418 desahucios previstos de familias en situación de vulnerabilidad entre el 18 de enero y el 28 de febrero, de los 450 en los que la Unidad Antidesahucios ha trabajado, lo que supone un 93% de procedimientos suspendidos.
Desde la aprobación de la moratoria estatal para suspender los desahucios, el 80% se paralizan antes de llegar a la fecha prevista y, respecto al total de suspensiones, el 77% no se ejecutan al llegar a acuerdos de mediación, ha informado el consistorio este jueves en un comunicado.
La mediación municipal incluye acuerdos que pueden ir desde el pago de cuotas de alquiler, a la prórroga del lanzamiento para gestionar la entrada de vivienda en la Borsa Lloguer Assequible, el aplazamiento temporal del lanzamiento para facilitar el acceso a otros recursos habitacionales o las suspensiones de la propiedad o los juzgados, entre otros.
De los 418 casos que han paralizado, el 55% han sido por impago del alquiler, el 32% por ocupación en precario en viviendas vacías de gran tenedor y el 13% por finalizaciones de contrato.
Los desahucios ejecutados se tratan mayoritariamente de situaciones de ocupaciones en precario en viviendas vacías de pequeños tenedores, una situación no cubierta por la moratoria.
MORATORIA ESTATAL DE DESAHUCIOS
El Ayuntamiento considera que la moratoria es un incentivo para que las propiedades lleguen a acuerdos, ya que "permite ganar más tiempo para trabajar para soluciones habitacionales para las familias afectadas y llevar a cabo tareas de mediación".
Por eso, reclama que esta moratoria se alargue al menos hasta que se apruebe una nueva ley estatal de vivienda que ofrezca las mismas garantías, que corresponsabilice a los grandes tenedores y extienda las obligaciones de ofrecer alquiler social y llevar a cabo procesos efectivos de mediación antes de interponer una demanda de desahucio.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, trasladó estas peticiones al Gobierno central con una propuesta de ley de vivienda, con el objetivo de mantener y ampliar las garantías que la actual moratoria ofrece a las familias en situación de vulnerabilidad.
