BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Barcelona presentará una denuncia por el espionaje realizado con el programa Pegasus, que podría haber sido utilizado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para investigar las negociaciones entre ERC y BComú para formar gobierno tras las elecciones municipales de 2019.
Según apuntan fuentes municipales a Europa Press, la denuncia se presentará "de forma inminente" después de que el Gobierno municipal lo haya comunicado este martes en la Junta de Portavoces al resto de grupos de la oposición para buscar su conformidad.
La denuncia --que está firmada por la alcaldesa, Ada Colau-- se plantea de conformidad con lo que se acordó en el pleno extraordinario de abril, tras trascender el caso de espionaje, y va dirigida al Juzgado de Instrucción de Barcelona que corresponda por el turno de reparto.
En declaraciones a los periodistas este mismo martes, el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha detallado que la denuncia se presenta tanto por el espionaje a políticos catalanes como el que afecta concretamente concejales del Ayuntamiento.
Ha explicado que la denuncia se presenta "en términos muy parecidos" a la del Parlament y ha confiado en que el juzgado la admita a trámite, abra diligencias y se puedan aclarar los hechos.
HECHOS "CONSTITUTIVOS" DE DELITO
En el texto de la denuncia, se alega que el espionaje con el programa Pegasus podría ser, "indiciaria y presuntamente constitutivo" de los delitos tipificados en el artículo 197 bis, que tipifica acceder a un sistema de información o mantenerse dentro sin autorización y en contra de la voluntad del propietario.
También señala que los hechos podrían ser constitutivos de un delito previsto en el artículo 197 ter del Código Penal sobre el aprovechamiento de las intrusión para interceptar comunicaciones o acceder a información almacenada.
El texto expone que el espionaje no es ajeno a la corporación municipal, sino que comporta "una vulneración del derecho a la intimidad de concejales del Ayuntamiento y una grave afectación a los derechos constitucionales a la libertad ideológica y participación en asuntos públicos".
Así, apunta que el Estado tiene la responsabilidad de proteger el derecho a la libertad ideológica y que "está directamente obligado a no lesionar la libertad ideológica de los individuos y las comunidades".
POSICIONAMIENTO DE LA OPOSICIÓN
Aunque no ha sido necesaria una votación porque la presentación de la denuncia compete a la alcaldesa, los grupos de la oposición han mostrado su posicionamiento respecto a la decisión del Gobierno municipal.
ERC y Junts han expresado su conformidad respecto a lo que se acordó en el plenario de abril, Valents y el PP se han mostrado en contra, y Cs ha reprochado que Colau no presentara una denuncia cuando "se espió a Carina Mejías", exconcejal de la formación.