El Ayuntamiento de Barcelona sancionará con hasta 3.000 euros por colocar andamios que impidan el paso de peatones

Actualizado: lunes, 29 mayo 2006 19:46

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona sancionará a partir de ahora con multas de hasta 3.000 euros a las empresas y técnicos responsables de la colocación de andamios que impidan el paso de peatones por las calles de la ciudad, según anunció hoy el concejal de Servicios Urbanos y Mantenimiento, Francesc Narváez.

El 'boom' que se ha producido en la rehabilitación de fachadas en la capital catalana, en búsqueda de aumentar la seguridad y la estética de las fincas, ha propiciado también la presencia de andamios en los edificios, hasta superar el millar que hay en la actualidad.

Hasta el momento, las empresas que colocan andamios, así como los arquitectos o aparejadores que se responsabilizan de acreditarlo, debían cumplir con criterios de seguridad, pero, a partir de ahora, también estarán obligados a aplicar unos requisitos de accesibilidad.

La medida, pionera en España, es fruto de un acuerdo que el Ayuntamiento ha firmado con el Colegio de Arquitectos de Catalunya y el Colegio de Arquitectos Técnicos de Barcelona. La iniciativa se hará visible con la distribución de más de 12.000 ejemplares de un manual sobre andamios, que se hará llegar al sector.

ALTURA Y ANCHO MÍNIMOS.

A partir de ahora, los andamios deberán tener una anchura de 0,90 metros, una altura libre de obstáculos de 2,10 metros, no incorporar escaleras ni peldaños aislados, así como incluir un pavimento duro y que no sea resbaladizo.

Con estos nuevos requisitos, se pretende que en las aceras estrechas, las personas con sillas de ruedas o los cochecillos infantiles puedan circular por debajo de los andamios sin necesidad de tener que crucar la calle por la calzada.

COLOCACIÓN DE LUCES.

El Ayuntamiento también obligará a señalizar los andamios, con la colocación de luces para advertir de la presencia de obstáculos y desniveles, así como a protegerlos con elementos de protección, para que los ciegos puedan detectarlos a tiempo, apuntó Narvaéz.

Evitar que los elementos sobresalgan más de 2,10 metros y establecer una zona de protección de 15 centímetros de altura desde el suelo, para que pueda ser detectada por los ciegos son otros de las condiciones que se incluirán a partir de ahora.

En caso de que las aceras sobre las que se monta el andamio sean muy estrechas, la solución que deberá adoptarse es "la construcción de una falsa acerca, mediante la instalación de una plataforma de cemento", aseguró Narváez.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA.

En caso de incumplir algunos de estos requisitos, el Ayuntamiento podrá imponer sanciones de hasta 3.000 euros, en cumplimiento de la Ordenanza sobre el Uso de las Vías y los Espacios Públicos de Barcelona, aprobada en 1998 y que ahora se modifica, según Narváez.

Así, por falta de licencia para instalar el andamio, se impondrá una sanción de 600 euros, por no tener un ancho de 0,90 metros, una multa de 450 euros y por no cumplir con la obligación de tener una altura de 2,10 metros, una sanción de 450 euros.

La falta de iluminación podrá ser sancionada con 300 euros, la ausencia de iluminación y señalizacion, 300 euros, ocupar la vía pública con material de obra sin respetar el itinerario de paso, 450 euros y modificar la homogeneidad del pavimento, una multa de 450 euros.

Narvaéz aseguró que el Ayuntamiento, que en algunos casos también podrá obligar a desmontar el andamio, "dará un periodo de plazo para que las empresas que montan los andamios se vayan adaptando a estos requisitos", pero señaló que existe "una muy buena predisposición" por parte del sector.

EVITAR EMPRESAS QUE HACEN COMPETENCIA DESLEAL.

El aumento de la demanda para rehabilitar fincas, ha propiciado un incremento de empresas que "hacen competencia desleal y que buscan unos precios bajos a cambio de poner en riesgo a sus trabajadores y también a los peatones", según el concejal.

"Las compañías que se encargan de montar los andamios lo han visto con buenos ojos, porque es una manera de ordenar el sector y garantizar que todas las empresas trabajen en condiciones", según Narváez.