BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha atendido en enero y febrero 377 casos de desahucio, ha enviado requerimientos a grandes tenedores para que ofrezcan pisos en alquiler social, e insiste en que Generalitat y Gobierno impulsen medidas "orientadas a impedir subidas indiscriminadas en los precios del alquiler privado".
Fuentes municipales han señalado a Europa Press este jueves que el consistorio ha registrado un aumento de desahucios atendidos, lo que demuestra que "crece también el conocimiento y, por tanto, la capacidad de respuesta y solución por parte del Ayuntamiento", que han recordado que sólo puede actuar cuando los afectados se ponen en contacto con el consistorio o cuando la Justicia considera necesaria la presencia de servicios sociales.
En el último trimestre de 2015 se atendieron 483 casos de desahucios --de los que se aplazaron el 44,93% y se encontraron soluciones para el 38,3%--, han destacado las mismas fuentes, después de que el grupo municipal de CiU haya acusado este mismo jueves al Gobierno de Ada Colau de no rebajar los desahucios pese a tener más herramientas por la Ley de Emergencia Habitacional.
El Ayuntamiento ha hecho 56 requerimientos a grandes tenedores para que ofrezcan alquiler social en los casos previstos en esta ley, y ha recibido 59 comunicaciones de grandes tenedores para ofrecer esta opción.
Las mismas fuentes han lamentado que gran parte de los desahucios se producen en alquileres de pequeños propietarios, que por ley no están obligados a ofrecer un alquiler social.
Tras insistir en que Generalitat y Gobierno central impulsen medidas para evitar subidas indiscriminadas del alquiler, ha remarcado que el número de viviendas en alquiler va en aumento en la ciudad: en el segundo trimestre de 2015 se firmaron 9.637 contratos con un alquiler medio de 713,93 euros, mientras que en el cuarto trimestre se firmaron 22.359 con una media de 755,05 euros.
"Ante la imposibilidad de cambiar procedimientos judiciales, el máximo esfuerzo se está concentrando en la prevención", para lo que el Ayuntamiento impulsó en noviembre las ayudas urgentes al pago del alquiler con ocho millones y ha puesto en marcha la Unidad de Acción contra la Exclusión Residencial (Ucer), entre otras medidas.
