Prevé sanciones de 1.500 euros y de hasta 3.000 en caso de reincidencia
BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha publicado este jueves el decreto que limita los grupos turísticos en el distrito de Ciutat Vella a un máximo de 15 personas --sin incluir al mismo guía--, prohíbe el uso de altavoces y establece sentidos de circulación de estos grupos turísticos en algunas calles, y anuncia sanciones de 1.500 euros y que podrían llegar a los 3.000 en caso de reincidencia.
La entrada en vigor del decreto, que llega después de que este martes el consistorio y las dos principales asociaciones de guías oficiales firmaran un acuerdo de buenas prácticas en el guiaje de grupos turísticos, se prevé dentro de unos treinta días, cuando supere el periodo de exposición pública y de alegaciones.
El concejal del distrito de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha explicado en declaraciones a los periodistas este jueves que este texto supone el "encaje jurídico para poder aislar" y sancionar a los que no cumplan con el acuerdo de buenas prácticas, y ha apelado a la responsabilidad de los guías.
Establece multas de hasta 1.500 euros que pueden alcanzar los 3.000 en caso de reincidencia, y también fija un número máximo de grupos en determinados espacios de los cuatro barrios del distrito como son la plaza de Sant Felip Neri (2 grupos), la del Pi (3), la de Isidre Nonell (3) o el paseo del Born (3), entre otros.
"No permitiremos que haya más de un número determinado de grupos turísticos para priorizar la vida vecinal y hacerla compatible con estos usos turísticos", ha sostenido Rabassa, y ha señalado a los guías no oficiales como aquellos que --en sus plabaras-- entorpecen más la vida en los barrios.
Referido directamente a los 'free tours' que mueven grandes grupos, ha dicho que se necesita su empatía en el cumplimiento de las buenas prácticas y el respeto a la vida del barrio y ha agregado: "Necesitamos también que el sector no los promocione".
El responsable de Ciutat Vella ha defendido que el decreto cuenta con el previo "consenso con más de 800 guías oficiales que operan en la ciudad de Barcelona", y que además dota al Ayuntamiento de herramientas para poder ir más allá, con agentes cívicos y Guardia Urbana para sancionar a los que no cumplan.
