MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández Bozal, ha destacado este lunes que la actualización estatal de las tasas de Justicia, que servirán para sufragar el pago de la gratuita para cada una de las comunidades autónomas, contiene aspectos "contradictorios".
En este sentido se ha manifestado la consellera, momentos después de asistir a la Conferencia Sectorial de Justicia, que ha reunido a los consejeros del ramo y que ha presidido el titular de la cartera, Alberto Ruiz-Gallardón.
En concreto, Bozal ha destacado que desde el Ministerio se les ha propuesto una actualización de estas cifras, que no se revisan desde su creación en 2002, pero hay ciertos mecanismos que desde el Ministerio se han estudiado para evitar la duplicidad de financiación entre comunidades, que son algo confusos.
Así, ha destacado que esperarán a ver los textos formales de esta reformulación en las tasas, ya que, en atención a lo explicado, desde Catalunya consideran que "las tasas no servirían para cubrir el coste del servicio".
Preguntada por si Catalunya aplicará esta medida, ha indicado que lo hará porque "es una ley estatal", pero que si no les parece adecuada, está arbitrado el mecanismo del recurso.
"Si no nos parece adecuada, se pondrá un recurso, al igual que se puso la primera vez que se establecieron las tasas, porque Catalunya entiende que tiene derecho a participar en estas tasas", ha aseverado, aunque ha asegurado que no puede valorar si se efectuará dicho recurso o no hasta que no se conozcan de forma completa los textos y el contenido concreto de la medida.
"En este momento no se valora nada", ha asegurado la consellera, al explicar que el recurso es una posibilidad que se tiene para defenderse de una ley que se considera no adecuada, por lo que ha preferido no pronunciarse más en este sentido.
LAS CATALANAS, EN VIGOR
Precisamente, el 1 de mayo en Catalunya entraron en vigor las nuevas tasas judiciales aprobadas por la Generalitat que gravarán múltiples servicios para los ciudadanos que deberán pagar tasas de hasta 120 euros por servicio en el ámbito civil y en el contencioso administrativo.
Los catalanes deberán pagar por interponer demandas de juicios ordinarios y presentar solicitudes de declaración de concursos con independencia de su cuantía y los recursos de apelación y casación tendrán siempre una tasa, pero quedan excluidos el ámbito penal y la justicia gratuita.