BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha instado este miércoles al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, a firmar un convenio para traspasar íntegramente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Generalitat
En respuesta a una interpelación de Raül Moreno (PSC) en el Parlament, Campuzano ha explicado que abordó esta cuestión con el ministro en una reunión coincidiendo con el Cercle d'Economia hace dos semanas y que le hizo llegar ese convenio.
El conseller ha criticado que el Gobierno pretendía trasladar la gestión burocrático al Govern sin "ayudar ni en un euro", de forma que la Generalitat recopilara toda la información pero el expediente lo resolviera igualmente el Ministerio.
Así, ha advertido que asumir sólo la gestión del IMV es "hacer el trabajo gratis" al Ministerio de Seguridad Social, y ha reclamado que la Generalitat pueda decidir sobre las condiciones que determinan quiénes reciben la prestación, como ocurre en Navarra y en el País Vasco.
Ambas comunidades lograron el traspaso de la competencia sobre el IMV tras pasar primero por una encomienda de gestión, algo que Campuzano ha asegurado que les han "aconsejado" que no acepten.
"Necesitamos el modelo vasco y navarro", ha subrayado el conseller.
Por su parte, Moreno (PSC) ha lamentado el "esfuerzo titánico" que se necesita para obtener datos sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de la Generalitat, ante lo que ha pedido a Campuzano más transparencia.
También lo ha instado a habilitar una ventanilla única para poder gestionar de forma conjunta el IMV y la RGC, y ha lamentado que el Govern "no está haciendo nada para ir a buscar a las personas que podrían ser beneficiarias" de la prestación catalana.
Campuzano ha avanzado que entre julio y septiembre la Conselleria pondrá en marcha un plan para que las prestaciones lleguen a más gente, aunque ha apuntado que en un contexto "favorable" de empleo es normal que el número de beneficiarios no crezca o tienda a disminuir.
CRITICA LA "MIRADA RACISTA" DE VOZ SOBRE LA POBREZA
En otra interpelación, María Elisa García Fuster (Vox) ha afeado al Govern el "anecdótico" incremento de 10 millones de Derechos Sociales en los Presupuestos de 2023 y lo ha acusado de dedicarse a planificar en vez de actuar ante las listas de espera de prestaciones de dependencia y la pobreza infantil.
Después de que la diputada haya dicho que el Govern no les da la cifra de personas inmigrantes que acceden a ayudas, Campuzano ha criticado su "mirada racista alrededor de la problemática de la pobreza" y ha reivindicado el modelo social catalán que --ha dicho-- optó por una mentalidad inclusiva cuando en los 60 y 70 Catalunya experimentó grandes cambios demográficos.
El conseller ha defendido la inversión de 420 millones en la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en 2022 y ha lamentado que Vox votara en contra del IMV de ámbito estatal, cuya gestión ha reclamado traspasar a Catalunya.