BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CGT de Catalunya ha reclamado este viernes al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que revise la concesión de una pensión vitalicia por discapacidad a dos agentes de la guardia Urbana implicados en el caso 4F, en el que uno de sus compañeros quedó tetrapléjico y varios jóvenes fueron encarcelados.
El secretario de la organización en Catalunya, Ermengol Gassiot, ha presentado una petición formal ante la sede barcelonesa de Inspección del Trabajo y ante la delegación del Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (Icam), en la que se exige "la revisión y revocación de las invalideces concedidas" a los policías.
En declaraciones a los medios antes de registrar las peticiones, Gassiot ha recordado que los dos agentes están actualmente en prisión por torturar a un ciudadano de Trinidad y Tobago, y ha considerado que "ellos también habrían podido participar en torturas a los jóvenes detenidos" en el caso 4F.
Para el sindicato, es necesario que "se revoquen unas concesiones arbitrarias, simultáneas y que coinciden en el tiempo con la entrada en prisión de los torturadores", en otoño de 2013, y ha apuntado a que se les habría otorgado para comprar su silencio.
Ha afirmado que este caso entraña "una práctica inmoral que busca garantizar la fidelidad de los cuerpos policiales al poder político", y ha mostrado su incomprensión por el hecho de que se les concediera justo cuando debían entrar en prisión.
"En un momento de recortes y a pesar de que miles de trabajadores ven denegadas sus solicitudes, el Icam propuso de forma sorprendentemente ágil la invalidez absoluta para los dos policías", que cobran pensiones de entre 1.600 y 1.800 euros mensuales, ha dicho, y ha pedido la revisión de los informes de concesión.
EXÁMENES PSICOTÉCNICOS
Ha dicho que "supuestamente se les ha invalidado por cuestiones psiquiátricas pero superaron todos los exámenes psicotécnicos para ejercer como policías", y ha añadido que hasta que no se les condenó por torturas nadie cuestionó si cumplían los requisitos para trabajar como antidisturbios.
Para Gassiot, este asunto es "una demostración más de las connivencias y complicidades de múltiples administraciones e instituciones en el caso 4F", y ha criticado que con este tipo de prácticas los ciudadanos reciben un mensaje de impunidad.
