Cinco inquilinos de Sants evitan una sentencia que les obligaba a irse de sus viviendas

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia 24 de Barcelona ha aceptado el recurso de cinco vecinos del número 25 de la calle Vallespir, en el distrito de Sants-Montjuïc, a la sentencia que les obligaba a rescindir sus contratos de arrendamiento, por lo que podrán seguir en sus viviendas, y ha obligado a la propiedad a reparar los daños estructurales de la finca, por valor de 198.000 euros.

La sentencia se basaba en un informe que valoraba los desperfectos del inmueble en más de la mitad del valor de la finca, lo que permitía por ley anular los arrendamientos previa indemnización de 8.000 euros a los vecinos, quienes han aportado dos dictámenes nuevos con una mayor valoración de la finca y que el juez ha estimado en el fallo del recurso, notificado este martes.

El conflicto, caso paradigmático de la lucha vecinal en Barcelona, comenzó hace más de seis años, cuando los vecinos empezaron a denunciar reiteradamente --especialmente desde enero de 2006-- a la propietaria del inmueble, Nuria P.M., por el avanzado estado de deterioro de la finca, de más de cien años.

Los inquilinos interpusieron una denuncia ante el Ayuntamiento y un técnico inspeccionó la finca y emitió un dictamen que consideraba que el valor de las obras de reparación necesarias era de 198.833,3 euros, mientras que el valor del inmueble se fijó en 341.898 considerando el edificio de tipología "Vivienda plurifamiliar aislada con estructura de fábrica de ladrillo y una altura inferior a cuatro plantas".

Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, si el valor de la reparación es de más del 50% del valor del inmueble, los contratos de arrendamiento se rescinden por "pérdida de la finca"; también dicta que la obligación de conservar el edificio solo se da si no existe pérdida o destrucción.

El juez, basándose en el informe, consideró que el valor de la reparación superaba el 50% del coste del inmueble, por lo que en febrero de 2010 dictó que la propietaria pudiera rescindir los contratos, indemnizar a los vecinos con 8.000 euros y no realizar las reparaciones pertinentes, a lo que los vecinos recurrieron y presentaron dos nuevos dictámenes con valoraciones distintas.

Ambos incluían valores de reparación de los desperfectos casi idénticos a los del primer informe, si bien el coste del inmueble se calculó en base a la categoría de edificio "Casa de renta normal entre medianeras" y se situó en 819.181,88 euros, cifra sensiblemente mayor al del dictamen inicial.

El juez considera que no queda justificado el tipo de edificación elegido en el informe que originó la sentencia porque "no se acreditan de forma suficiente los motivos por los que pueda considerarse un tipo residencial bajo", por lo que en su fallo estima el recurso y da la razón a los inquilinos.

"SENTENCIA ESCANDALOSA"

La letrada que ha atendido a los arrendatarios en el proceso, Vanessa González, ha declarado a Europa Press que la sentencia inicial era "escandalosa" puesto que los baremos tomados en el informe inicial no eran los correctos.

"No tienen nada que ver con el valor de mercado y fueron elegidos para valorar lo mínimo los pisos", ha asegurado González, y ha añadido que se tomaron en cuenta indicadores propios de viviendas de tipo social cuando, asegura, la finca no lo es.

Ha explicado que los propietarios aún tienen pendiente una querella en el Juzgado de Instrucción número 11 por acoso inmobiliario por este mismo caso, en el que ya han declarado como imputados.