Considera que recortan partidas anticrisis e incumplen los compromisos con Catalunya
MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU ha registrado este viernes una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, pidiendo su devolución al Gobierno, alegando que no favorece la recuperación económica y que tampoco cumplen con los compromisos con Catalunya.
CiU, que en las últimas semanas sí apoyó la reforma laboral y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha optado por rechazar los primeros Presupuestos Generales del Gobierno del PP argumentando, entre otras cosas, que todas las políticas que podrían corregir el rumbo de la economía ven reducido su presupuesto.
"Cabía esperar la incorporación de un conjunto de medidas destinadas a estimular la actividad económica y el empleo; no ha sido así. La política presupuestaria que se desprende del proyecto de ley acelera los efectos de la espiral descendente en la que se encuentran la economía y las finanzas públicas", lamenta CiU.
En particular, destaca que el Gobierno ha decidido reducir el presupuesto de todas las políticas que podrían contribuir a salir de la crisis, tales como las destinadas a la exportación, la mejora de la competitividad o la internacionalización; a la vez que se reducen también las consignaciones para políticas activas de empleo o formación.
APENAS AUSTERIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
De esta manera, las cuentas públicas se centran en el único objetivo de reducir el déficit, pero lo hacen "sin afrontar apenas esfuerzo de austeridad" en la Administración central y cargando por el contrario todo el peso en las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Porque, según la federación, las entidades regionales y municipales verán reducidas sus transferencias y también sufrirán los efectos de la "discriminación" inversora o de la subida fiscal, sin beneficiarse sin embargo de esa posible mejora en los ingresos. "Es un planteamiento legal pero no leal. Son unos presupuestos insolidarios", se resume en la enmienda.
En este sentido, CiU acusa al Ejecutivo de Mariano Rajoy de obligar a los gobiernos autonómicos y locales a "efectuar un doble esfuerzo" para, por una parte, reducir la parte del déficit que les corresponde y, por otro, mantener las políticas que gestionan con menos recursos.
Por ello, la coalición concluye que las cuentas públicas buscan favorecer el fortalecimiento de la Administración central "ahogando la financiación de las demás" administraciones.
Finalmente, CiU justifica su enmienda también en el "incumplimiento" por parte del Ejecutivo de las obligaciones pendientes con la Generalitat, a la que no se le reconoce el pago de las liquidaciones correspondientes a la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatut: "Sólo por eso ya merecen el rechazo de este grupo parlamentario, porque es una cuestión de seguridad jurídica y de lealtad institucional", esgrime.
CULPA A MADRID DE LOS RECORTES EN CATALUNYA
De hecho, el secretario general de CDC, Oriol Pujol, ya había advertido esta semana que CiU presentaría enmienda a la totalidad "si no cambia nada", en alusión a estas partidas. "Esperábamos que los primeros presupuestos del nuevo Gobierno cumplirían con las obligaciones pendientes con las demás administraciones. Un Gobierno no puede iniciar su mandato con deslealtad institucional", acusa la federación en su enmienda.
Más allá del reconocimiento de las cantidades adeudadas en virtud del Estatut, tampoco las transferencias corrientes a la Generalitat gustan en las filas de CiU, que señala que "estos presupuestos obligarán a la administración catalana a efectuar nuevos ajustes por importe de demasiados cientos de miles de millones de euros". Así, reprochan al Gobierno que Catalunya sea la región que sufra el "mayor recorte" en inversión (-45%).
En un sentido más general, los nacionalistas catalanes acusan al PP de diseñar un "confuso conjunto de políticas destinadas a recentralizar competencias que corresponden a las comunidades autónomas y a seguir recentralizando las inversiones en infraestructuras sin contemplar criterios de competitividad".
"Los compromisos de austeridad y estabilidad presupuestaria que nos hemos impuesto en el seno de la Unión Europea nos obligan a una drástica reducción del déficit a todas las administraciones, pero hay alternativas a la manera como el Gobierno ha decidido reducir el déficit de la administración central", concluye la enmienda, que será defendida esta semana en el Pleno del Congreso.
